La Alcaldía del municipio de Pailitas, sur del Cesar, ordenó el desalojo de cerca de 100 familias campesinas que desde el 26 de marzo habitan el predio conocido como La Sonora. Para el propietario y el municipio se trata de una finca invadida, mientras que organizaciones agrarias sostienen que en el terreno habría áreas de baldíos de la Nación que deben ser definidas en un proceso agrario.
La decisión fue cuestionada por la Comisión por la Vida Digna, la Tierra y los Territorios, que agrupa a varias asociaciones campesinas de la región. En un comunicado público, la organización afirmó que el desalojo fue fijado para el 28 de noviembre y que la medida desconoce actuaciones previas de entidades nacionales como la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y órdenes de un juez de Valledupar.
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En diálogo con EL PILÓN, Nadia Umaña, lideresa de la Comisión, aseguró que si la orden no se aplaza “tendrán que movilizarse”. También señaló que la decisión municipal “se basa en una orden judicial del 27 de junio”, en la que el Juzgado Segundo de Valledupar habría indicado que antes de cualquier desalojo debía hacerse una caracterización de la comunidad para identificar si hay víctimas del conflicto armado y, luego, diseñar un plan de contingencia. Según Umaña, esos pasos no se han cumplido.
