La construcción de la vía Valledupar-La Paz registra un avance físico del 53 %, según informaron los representantes de la unión temporal vial VLP que construye esta segunda calzada, durante las jornadas de socialización realizadas este martes en los dos municipios con asistencia de veedores, ciudadanos, gremios y algunos diputados, quienes cuestionaron diferentes aspectos del proyecto de $62.492 millones.
En la sesión de Valledupar estuvieron Iván Posada, director de interventoría de Intervías Cesar; Lina Ardila, supervisora del contrato por parte de la Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter); Jhorvis Deluque, director de obra del contratista, y Juan Manuel Lenin, gestor social de Findeter, con una presentación que dio cuenta de los tres kilómetros de vía en asfalto, 2.6 kilómetros de cicloruta ejecutados y un 56 % de avance en obras hidráulicas, principalmente box culverts.
Preocupaciones por seguridad vial e infraestructura
Sin embargo, más allá de los datos de ejecución, al mostrar las imágenes áreas de la carretera se hizo más evidente la cercanía entre esta y la primera calzada (dirección La Paz-Valledupar) y la veeduría ciudadana reiteró sus preocupaciones por los riesgos que representaría el separador vial que varía de 1 a 3 metros, según el tramo.
“¿Qué les costaba separar la vía siquiera tres metros más cuando están dejando de usar unos terrenos? Eso se va a convertir en un matadero, ojalá Dios no lo permita”, expresó el veedor Edgardo Oñate, apuntando a que existe un riesgo para los usuarios, e hizo un llamado a la Sociedad de Ingenieros del Cesar para que emita un concepto técnico sobre la obra.
El ingeniero civil José Jorge Maya, especialista en obras hidráulicas y exasesor del Instituto Nacional de Vías (Invías), señaló la necesidad de adoptar un separador central de al menos cinco o seis metros, similar a otras vías del país. “La curva es altamente peligrosa y es muy fácil que un vehículo pase de largo y caiga del otro lado en la calzada La Paz-Valledupar. Todavía estamos a tiempo de reconsiderar el diseño del separador central desde el puente hasta la terminal”, advirtió, puesto que la obra ya está avanzada en jurisdicción del territorio pacífico.
“Nos van a dejar un matadero”: veedores
A este reclamo se sumó el presidente de la veeduría, Evelio Daza Daza, destacando el derecho a la vida como prioridad sobre cualquier otro principio contractual o técnico, en especial en una vía rápida como esta. “¿Cómo es posible que en la avenida de Los Cortijos, donde hay semáforos por todos lados, tenga un separador de 6 metros, mientras una avenida calificada como “muy rápida”, tenga un separador que en muchas partes no llega ni siquiera al metro?”, preguntó el veedor.
Según él, al ser un separador estrecho aumenta el riesgo de no garantizar seguridad vial, lo cual desconoce “el mandato constitucional de la vida por encima de todos los derechos”. Por su parte, José María Oñate, presidente de la veeduría en La Paz, aseguró que, precisamente, se estaría desconociendo que uno de los principales objetivos de la nueva ruta es brindar seguridad para disminuir las muertes que se han registrado en la carretera antigua por el puente Salguero. “Era un matadero, por eso la urgencia de contar con una carretera más segura”, dijo Oñate.
Conflictos y desafíos legales
Desde la perspectiva jurídica se sumó el presidente de la Cámara de Comercio de Valledupar, José Luis Urón, quien interpuso, a inicios de año, una tutela ante el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito Valledupar en contra de Findeter, Invías, el Ministerio de Transporte y otras entidades nacionales y territoriales por presuntas irregularidades en el diseño y socialización de la vía.
En la socialización, Urón expresó que quienes cuestionan y hacen sugerencias “no son enemigos de unos o de otros”, y resaltó que las críticas van dirigidas específicamente a las entidades del Gobierno nacional por ser los promotores y aprobadores del proyecto, y no solamente al contratista que debe cumplir lo pactado. “La Ley 1474 de 2011, estatuto anticorrupción, establece responsabilidad disciplinaria a servidores y contratistas que promuevan la ejecución de obras inconclusas e ineficientes y también está la Ley 610 del 2000 que regula el proceso de responsabilidad fiscal por detrimento patrimonial derivado de obras inconclusas”, citó Urón.
/ FOTO: Jesús Ochoa.
El abogado hizo alusión a las leyes para afirmar que la obra estaría poniendo en riesgo la seguridad de los usuarios y alertó que podría quedar inconclusa, como un “elefante blanco”, por no contar aún con los recursos para concluir el puente sobre el río Cesar, acarreando responsabilidades. Además, con el presupuesto asignado por Findeter, el contratista no pavimentará territorio urbano de Valledupar, dejando la responsabilidad a la Alcaldía.
Discusión
La socialización se convirtió en una discusión entre los asistentes y los representantes de la obra, por lo cual el evento acabó abruptamente, no sin antes escuchar quejas por la ausencia de representantes de la Oficina de Planeación de Valledupar y otras autoridades y organismos de control. Entre tanto, EL PILÓN dialogó con el director de la obra, Jhorvis Deluque, quien aseguró que la unión temporal debe seguir con el cumplimiento del contrato porque así lo estipula ley y lo ejecutado corresponde a lo aprobado por el Invías.
– Diputado Manuel Gutiérrez.
“Nosotros no podemos frenar la obra por dudas o diferencias que existan con la comunidad porque sino el afectado sería yo. Debemos terminar en octubre de 2026, iniciamos en 2023 la etapa de estudios y diseños y en mayo de 2024 la construcción de los 7 kilómetros”, declaró Deluque. El ingeniero agregó que la formulación del proyecto incluye el puente, dos retornos y la llegada a San Fernando: “Pero como no están los recursos de todo, nosotros llegamos hasta donde nos alcancen”.
Por Andrea Guerra Peña.
