La Comisión Nacional de Disciplina Judicial formuló pliego de cargos contra Claudia Patricia Vanegas Peña, fiscal auxiliar ante la Corte Suprema de Justicia, por una presunta falta gravísima al no haber impulsado la investigación contra el senador José Alfredo Gnecco Zuleta.
La información, revelada en primicia por el diario EL TIEMPO, detalla que la funcionaria habría omitido su deber de denunciar los señalamientos que vinculaban al congresista con pagos de sobornos para favorecer procesos judiciales de su familia.
El expediente disciplinario se fundamenta en las declaraciones entregadas por el exjefe anticorrupción, Luis Gustavo Moreno Rivera, en interrogatorios realizados entre septiembre de 2017 y abril de 2018. Según lo documentado por la unidad investigativa de EL TIEMPO, Moreno confesó haber recibido 150 millones de pesos de manos de José Alfredo Gnecco.
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El objetivo de dicho pago habría sido dilatar y entorpecer los procesos que la Corte Suprema de Justicia adelantaba en contra de su padre, el exgobernador del Cesar, Lucas Gnecco Cerchar, condenado por hechos de corrupción en el departamento.
En el testimonio citado en el pliego de cargos, Moreno detalló la distribución del dinero presuntamente entregado por el actual senador: “El 50 por ciento de estos 150 millones de pesos se le entregaron a Pacho (el exmagistrado Francisco Ricaurte), los demás yo los invertí en gastos de esa oficina y viajes de Pacho”.
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A pesar de la gravedad de estas afirmaciones, que implicaban un delito contra la administración pública por parte de un aforado, la fiscal Vanegas Peña no realizó la compulsa de copias necesaria para que la Corte Suprema iniciara la investigación formal en su momento, conducta que hoy le reprocha la justicia disciplinaria.
Senador en campaña
Este revés judicial surge en un momento crucial para el senador José Alfredo Gnecco, quien actualmente adelanta su campaña buscando la reelección para un tercer periodo en el Senado de la República por el Partido de la U. El congresista, cuya gestión legislativa ha sido cuestionada por diversos sectores, basa su aspiración en la sólida estructura política de su familia, la cual mantiene una influencia determinante en la Gobernación del Cesar y diversas alcaldías municipales, movilizando contratistas y maquinaria burocrática en la región.
Por otro lado, la defensa y allegados al caso han señalado una posible inhabilidad del magistrado ponente de esta decisión, Juan Carlos Granados. El argumento radica en que la fiscal investigada formó parte del grupo de tareas especiales del caso Odebrecht, proceso en el que Granados fue mencionado por su periodo como gobernador de Boyacá.
Sin embargo, el magistrado aseguró a EL TIEMPO que no existe tal impedimento, dado que sus investigadores fueron fiscales delegados ante la Corte y no del grupo especial al que pertenecía Vanegas.
Mientras se resuelve la situación disciplinaria de la funcionaria, avanza la investigación contra el senador en la Corte Suprema.
