En una audiencia realizada el pasado 30 de septiembre en el marco del Caso 09, Subcaso Sierra Nevada de Santa Marta, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) continuó el trámite de verificación del cumplimiento del régimen de condicionalidad por parte de miembros retirados de la fuerza pública vinculados a la desaparición, tortura y asesinato de tres mamos del Pueblo Arhuaco y la tortura de dos indígenas de esta comunidad en 1990.
El proceso judicial expuso con contundencia la articulación entre miembros del Batallón La Popa y estructuras paramilitares vinculadas a poderosos terratenientes del Cesar, particularmente con la familia Mattos, involucrada como presunta patrocinadora de grupos armados irregulares. Se destacaron testimonios en los que se establece que la finca Bethania, propiedad de Luis Alberto Restrepo Gutiérrez, fue utilizada como puesto de mando y centro de detención donde se torturó a miembros de la comunidad indígena.
Hacienda Betania, epicentro de la violencia
El capitán retirado Pedro Antonio Fernández Ocampo admitió en la audiencia que la finca Bethania sirvió de base para actividades de desaparición forzada y tortura, en conexión con las operaciones militares y paramilitares que operaban en la zona. De hecho, declaró: “El día 30 de noviembre se hizo entrega de los indígenas en la finca Bethania, allí permanecieron retenidos hasta el 1 de diciembre, cuando fueron sacados y asesinados por órdenes de la cadena de mando que conectaba al batallón con estructuras paramilitares y actores civiles poderosos”.
La finca Bethania, propiedad de Luis Alberto Restrepo Gutiérrez, amplió su gravedad al revelarse que fungió como centro de operaciones paramilitares y militar en el marco de los crímenes cometidos. Testimonios de los comparecientes detallan cómo la hacienda fue utilizada para la detención, tortura y desaparición forzada de miembros de la comunidad indígena, en colaboración con el batallón La Popa. El capitán retirado Pedro Antonio Fernández Ocampo afirmó durante la audiencia que los indígenas retenidos fueron llevados a Bethania, donde sufrieron torturas previas a sus asesinatos.
Recurrentemente apareció el apellido Mattos en las intervenciones, con acusaciones profundas contra varios miembros de esta familia, señalados como patrocinadores de grupos paramilitares y responsables de proporcionar apoyo logístico y territorial para la comisión de los crímenes. Además de Luis Alberto Restrepo, fueron mencionados José Mattos, Carlos Mattos y otros allegados, vinculados a la financiación y sostenimiento de estos grupos armados ilegales.
La participación de los implicados directos, en su mayoría militares retirados, fue punto clave de la audiencia. Si bien algunos reconocieron aspectos de su involucramiento, como el mayor Hernán Carrera Sanabria, quien admitió haber sostenido a víctimas durante actos de tortura, otros mostraron resistencia a asumir responsabilidad plena o dieron versiones contradictorias. Esta actitud fue severamente criticada por representantes de las víctimas y abogados, quienes exigieron compromiso real con la verdad. Entre ellas, el representante Germán Romero denunció la estrategia de dividir responsabilidades y negó la veracidad de las versiones que pretendían minimizar la conexión entre los actos del ejército y las estructuras paramilitares.
Las altas autoridades indígenas Arhuaco, junto con pueblos Wiwa, Kankuamo y Kogi, expresaron el permanente dolor y revictimización causada por la ausencia del Estado y la obstinada impunidad. Se reclamó que más que un proceso judicial, este es un reclamo de supervivencia cultural, autonomía y reconocimiento espiritual. Destacaron el impacto profundo que tuvo la desaparición y asesinato de los Mamos, quienes eran autoridades políticas y espirituales que trabajaron por la unidad de la Sierra Nevada.
Además, durante la audiencia se recordó que estos crímenes son parte de una sistemática articulación criminal que operó con consentimiento o colaboración de la cúpula militar y ciertos sectores civiles poderosos en el Cesar, y que ha impedido hasta hoy la reparación.
Participación y negación de los implicados
Varios de los comparecientes intentaron dividir las responsabilidades y desmentir su participación, lo que fue duramente cuestionado por los representantes de las víctimas. El abogado de las víctimas, Germán Romero señaló: “No nos van a engañar con argumentaciones divididas. Aquí está presente un aparato criminal que usaba al ejército para desaparecer y torturar a los indígenas de la Sierra Nevada, en alianza con paramilitares y poderosos terratenientes”.
El mayor Hernán Carrera Sanabria admitió haber estado presente en la tortura y afirmó: “Yo participé en la tortura de los hermanos Villafañe. Los sujeté mientras eran interrogados bajo tortura por parte de otros miembros de la fuerza pública”.
Sin embargo, algunos como el coronel Rafael Mejía y otros miembros negaron responsabilidades directas, pero muchas contradicciones en sus versiones fueron evidenciadas durante la audiencia, llenas de vacilaciones y autoinculpaciones parciales sin reconocimiento completo.
Clamor de las víctimas y sectores indígenas
Los representantes del Pueblo Arhuaco, junto a las autoridades tradicionales de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada, expresaron que el Estado continúa ausente y revictimizando, muchas veces con intervencionismos mal dirigidos que desconocen la autonomía de sus comunidades. “Este pueblo no merece más tiempo de generosidad ante ustedes. La reparación integral es urgente. No es solo un proceso judicial, es la reconstrucción de un tejido social y espiritual roto desde hace más de 30 años”, afirmó una autoridad indígena.
El abogado Michael Manrique añadió que los crímenes tuvieron un impacto profundo en la configuración política y espiritual de los pueblos indígenas de la Sierra: “Los asesinatos de los mamos Luis Napoleón, Ángel María y Antonio Jugués interrumpieron la unidad y la autonomía de los cuatro pueblos de la Sierra Nevada, cuyo efecto aún se siente hoy”.
Incumplimiento del régimen de condicionalidad y camino legal
Por presuntas faltas al deber de verdad plena, la JEP mantiene abierto un incidente por incumplimiento al régimen de condicionalidad. Este régimen exige a los comparecientes aportar verdad completa y no mentir, bajo amenaza de exclusión de la justicia transicional y remisión al sistema ordinario penal.
El procurador de derechos humanos reafirmó que las versiones de los militares están muy lejos de ser completas y que “del silencio y la negación se construye la impunidad”. Para las víctimas, la audiencia representa una oportunidad para hacer visible el dolor y exigir justicia completa: “Esperamos que esta jurisdicción no se quede en palabras, sino que derive en decisiones que reconozcan la verdad y la responsabilidad”.
