En una audiencia realizada el pasado 30 de septiembre en el marco del Caso 09, Subcaso Sierra Nevada de Santa Marta, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) continuó el trámite de verificación del cumplimiento del régimen de condicionalidad por parte de miembros retirados de la fuerza pública vinculados a la desaparición, tortura y asesinato de tres mamos del Pueblo Arhuaco y la tortura de dos indígenas de esta comunidad en 1990.
El proceso judicial expuso con contundencia la articulación entre miembros del Batallón La Popa y estructuras paramilitares vinculadas a poderosos terratenientes del Cesar, particularmente con la familia Mattos, involucrada como presunta patrocinadora de grupos armados irregulares. Se destacaron testimonios en los que se establece que la finca Bethania, propiedad de Luis Alberto Restrepo Gutiérrez, fue utilizada como puesto de mando y centro de detención donde se torturó a miembros de la comunidad indígena.
Hacienda Betania, epicentro de la violencia
El capitán retirado Pedro Antonio Fernández Ocampo admitió en la audiencia que la finca Bethania sirvió de base para actividades de desaparición forzada y tortura, en conexión con las operaciones militares y paramilitares que operaban en la zona. De hecho, declaró: “El día 30 de noviembre se hizo entrega de los indígenas en la finca Bethania, allí permanecieron retenidos hasta el 1 de diciembre, cuando fueron sacados y asesinados por órdenes de la cadena de mando que conectaba al batallón con estructuras paramilitares y actores civiles poderosos”.
