Las sentencias conocidas hasta ahora, varias de ellas en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), han calificado estos hechos como graves violaciones de derechos humanos, homicidios en persona protegida y, en algunos fallos, como crímenes de lesa humanidad.
En un acto público realizado en el auditorio Sabanas de la Universidad Popular del Cesar, en Valledupar, el Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional pidieron perdón y reconocieron responsabilidad por la ejecución extrajudicial de 23 personas que fueron presentadas ilegalmente como bajas en combate en hechos ocurridos en la región Caribe.
Durante la ceremonia, encabezada por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se asumió responsabilidad institucional por estos crímenes, en los que fueron asesinados indígenas de las etnias wiwa, kankuamos y wayuu, así como menores de edad y jóvenes de sectores populares. Las víctimas fueron reportadas como dadas de baja por integrantes de los batallones de Artillería N.° 2 La Popa y del Grupo de Caballería Mecanizado N.° 2 Juan José Rondón, en hechos cometidos principalmente entre 2004 y 2006.
