Desde que el Grupo Prodeco (filial de Glencore) detuvo la extracción de carbón en las minas Calenturitas y La Jagua, en el corredor minero del Cesar, empezó un cierre anticipado que tomará varios años y que incluye procesos técnico, jurídico y social que todavía están en curso.
La empresa afirmó que su objetivo no es reactivar la producción, sino cumplir las obligaciones ambientales derivadas de décadas de operación minera. “Estamos en la preparación y construcción del plan, que es básicamente la definición de las actividades de restauración… rehabilitación ambiental, reforestación, todo lo que implica el cumplimiento ambiental de esas obligaciones”, explicó a EL PILÓN Óscar Eduardo Gómez, vicepresidente y representante legal del Grupo Prodeco.
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En paralelo, la Agencia Nacional de Minería (ANM) tramita la “reversión” de bienes: más de 147.000 activos, entre inmuebles, equipos, maquinaria e inventarios, que deberán pasar a manos del Estado.
Renuncia en plena pandemia
El punto de quiebre se dio en 2020. Prodeco suspendió temporalmente sus operaciones desde el 24 de marzo de ese año, en medio del aislamiento por la pandemia y en un contexto de restricciones y tensiones en su zona de influencia. Meses después, en julio, solicitó formalmente a la ANM una suspensión temporal de actividades con base en el Código de Minas, argumentando razones técnicas y económicas por el comportamiento del mercado del carbón.
La ANM negó esa solicitud. Con esa decisión, la empresa radicó la renuncia a sus títulos mineros para Calenturitas y La Jagua, que terminaría siendo aceptada a finales de 2021. Ese paso marcó el cierre definitivo de la operación carbonífera de Prodeco en el Cesar y abrió una etapa distinta: la del cumplimiento ambiental y el desmonte formal del proyecto, bajo supervisión de las autoridades.
Un plan para cerrar, recuperar y vigilar
El cierre quedó bajo una figura que hoy la empresa presenta como un caso pionero: el Plan de Cierre Ambiental Anticipado (PCA), que Prodeco ha descrito como la ruta para construir “el primer cierre ambiental anticipado de gran minería en Colombia”
En entrevista con EL PILÓN, Óscar Eduardo Gómez, vicepresidente y representante legal del Grupo Prodeco, explicó que, tras una autorización previa para avanzar con ese cierre anticipado, la compañía se encuentra en la etapa de estructuración del plan.
Prodeco proyecta que el plan quede listo para ser presentado a la ANLA en el primer trimestre de 2026. A partir de ahí inicia el trámite ambiental, es decir, la autoridad revisa, solicita ajustes si es necesario y finalmente aprueba o niega. La empresa estima que esa evaluación podría tomar alrededor de 12 meses.
Luego viene la etapa más larga: la implementación y el “poscierre”. En términos prácticos, el poscierre es el periodo de mantenimiento, monitoreo y seguimiento ambiental posterior a las obras principales de recuperación.
Para Prodeco, ese horizonte no se mide en meses sino en décadas. “La aprobación puede tomar 12 meses… y posteriormente ya será su implementación y su poscierre. Esto puede tomar alrededor de unos 15 años en total”, afirmó Gómez. Bajo ese escenario, entre el tiempo de evaluación y el periodo de ejecución y vigilancia, el cierre completo se proyecta por encima de los 16 años.
Los tajos: del “hueco del carbón” a reservorios de agua
Uno de los puntos más sensibles para entender qué pasará con las minas es el destino de los tajos, es decir, las excavaciones a cielo abierto donde se extraía el carbón. Prodeco explicó que el plan contempla que esas cavidades se llenen de agua de manera progresiva hasta convertirse en reservorios.
“En el plan ambiental su destinación es ser llenado de agua… y finalmente tendrán una condición de reservorio”, señaló Gómez. El proceso, sin embargo, no es inmediato: el llenado toma tiempo y exige control hidrológico y monitoreo permanente. Además, el uso futuro del suelo y de parte de la infraestructura queda condicionado a que existan garantías de estabilidad física y química, y condiciones de seguridad para las comunidades.
La empresa estima que para el plan de cierre podría vincular alrededor de 100 personas en su fase inicial. No se trata, según explicó, de una nómina comparable a la de los años de explotación, sino de equipos técnicos y operativos que se ajustarán a medida que el plan sea aprobado y avance su implementación.
¿Cómo avanza la reversión?
La ANM informó en noviembre de 2025 que está en proceso la recuperación de más de 147.000 activos del Grupo Prodeco para la Nación, dentro de la liquidación y reversión de contratos, y que el proceso está bajo seguimiento de la Contraloría.
Según la explicación entregada por Prodeco, en ese paquete entrarían equipos mineros de gran tamaño y parte de la infraestructura directamente asociada al proceso extractivo, como plantas de trituración, entre otros.
La discusión de fondo es qué uso público o qué esquema de administración terminarán teniendo esos activos en el Cesar, un tema que la ANM ha planteado con la expectativa de orientar a impactos regionales positivos.
“No hay posibilidad de reabrir”
Una de las preguntas recurrentes en el Cesar es si, ante un eventual cambio de política minera o un repunte del carbón, las minas podrían reabrirse. La postura de Prodeco es negativa: Glencore no contempla volver como operador de Calenturitas y La Jagua.
“No… no hay posibilidad de volver a participar como operador… este es un proyecto que se cerró definitivamente”, afirmó Gómez. Con esa posición, el debate territorial se desplaza hacia otros frentes: el ritmo real del cierre, la calidad de la restauración, las medidas de monitoreo durante el poscierre, los usos futuros del suelo y el destino final de la infraestructura y activos revertidos.
