Como de costumbre José Luis Nieto salió a las 5:00 de la mañana de su residencia en el barrio Primero de Mayo de Valledupar, a vender tintos en la Terminal de Transportes, un 22 de mayo de 2003, y sólo cinco años después se supo de su muerte en Villavicencio, Meta.

Desde entonces, su hermana Mara Helena Nieto emprendió en la búsqueda de una explicación sobre las reales causas de la muerte de su hermano; hasta un breve cara a cara con Álvaro Uribe Vélez fue necesario para lograr identificar los restos de José Luis, lo que ella señala como un mar de inconsistencias.

“A él lo encontraron muerto en el cementerio de la población sin cédula y sin nada, lo que decían en un principio es que había muerto en combate, hay muchas inconsistencias en el proceso porque me dicen que estuvo en la clínica con una herida de bala en los glúteos y aparentemente la afección había cicatrizado, además tenía un proceso por peculado, hecho que no entiendo porque él era un simple vendedor de tintos y estos delitos son típicos de funcionarios públicos.

Cuando me entregaron los restos había un número malo en la cédula y siempre me dijeron que fue un error humano, al presidente Uribe le rogué cuando vino a Valledupar para que me ayudara, después de 60 días llegó una gente de Bogotá a hacer una prueba de ADN, pero yo en eso no confío”, aseguró Mara Helena Nieto quien en la actualidad se desempeña como Defensora de los Derechos Humanos en el departamento del Cesar.

Pero la desdicha para la mujer fue más allá porque un año después de la desaparición de José Luis, otro hermano fue víctima, según ella, de otro ‘falso positivo’ que de nuevo enlutó a su familia.

“A Carlos Julio lo mataron en la plaza principal de Saravena, (Arauca), un grupo armado lo señaló como informante de la guerrilla. Eso fue en noviembre de 2004; nosotros lo mandamos para allá porque teníamos muchas amenazas, era un guía espiritual cristiano, no pudimos entrar y tuvimos que ver el entierro por videos”, aseguró.

Dos casos que se recuerdan en el marco de la Semana del Detenido Desaparecido, fecha que se conmemorará hoy con un foro en el auditorio ‘Luis Rodríguez Valera’ de la Gobernación del Cesar; en el acto proyectarán dos historias de ‘falsos positivos’ registrados en esta región del país.

Según estadísticas de la Unidad de Víctimas, hasta 2014 Valledupar tuvo 424 desaparecidos.

En 2013 se registró la condena contra el Ejército colombiano por ‘falso positivo’ impuesta por la justicia a ocho soldados profesionales y al oficial que comandaba un pelotón y dieron muerte a tres personas fuera de combate y luego fueron presentados a la opinión pública como dados de baja en enfrentamiento armado en el norte del Cesar.

Los hechos se registraron en la vereda ‘Lagunita’, corregimiento de Casacará, en jurisdicción del municipio de Codazzi, donde fueron abaleados, en un supuesto combate, Diógenes Yepes Palencia, Joaquín Dolores Ardila y un NN, quien fue sepultado sin identificar y sus familiares no se acercaron a reclamar el cadáver. Posteriormente seis militares fueron condenados a pagar 34 años de cárcel por la muerte de Wilfrido Chantrix Quiroz en hechos ocurridos el 21 de octubre de 2003, en la vereda Llerasca del municipio de Codazzi.

El caso más reciente sobre la presunta participación de militares por ‘falsos positivos’ se registró el pasado 4 de enero cuando la Fiscalía General profirió escrito de acusación en contra del coronel del Ejército, Alejandro Robayo Rodríguez por su presunta participación en los hechos que rodearon la presentación de tres jóvenes como miembros de bandas criminales abatidos en un operativo en noviembre de 2006 en el departamento de Cesar.

Según la investigación, el entonces comandante del Gaula del Ejército tuvo conocimiento y participación directa en estos hechos. El oficial fue capturado el 29 de junio en el aeropuerto El Dorado de Bogotá después de ingresar al país tras ser deportado de Panamá.

El senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, en medio de un debate de control político sobre el tema de la seguridad que le brinda la fuerza pública al sector minero-energético, reveló que de 29 casos de ‘falsos positivos’ que se perpetraron entre 2003 y 2007 en el Cesar, 17 tuvieron que ver con el Batallón asignado para la protección de la multinacional carbonífera Drummond.

De los 5.763 casos de ‘falsos positivos’ que registró el país en la primera década del siglo XXI, 5.326 se dieron bajo el Gobierno del expresidente y actual senador de la República Álvaro Uribe Vélez.

Esto significa que, durante aquel mandato, los militares mataban por día a dos colombianos ajenos al conflicto, según cifras entregadas por la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos.

De los 29 casos de ‘falsos positivos’ que se perpetraron entre 2003 y 2007 en el Cesar, 17 tuvieron que ver con el Batallón asignado para la protección de la multinacional carbonífera Drummond, según reveló en su momento el senador Iván Cepeda.

Por Nibaldo Bustamante