@jflafaurie

Muchas personas en Colombia han perdido su libertad por “personajes de dudosa reputación, con una simple declaración sin prueba alguna”. La justicia, con sus gabelas por confesión y colaboración, no lo considera algo “absurdo e inaceptable”, aunque así las califique la cúpula del presidente al referirse a las declaraciones de Otto Bula.

Era de esperarse esa reacción de los principales funcionarios del Gobierno, encabezados por el Vicepresidente –me quedo con su primera declaración–, pero no les queda bien ese excesivo esprit de corps, aun en contra de la realidad judicial, como no le quedó bien al Secretario de Transparencia acusar al uribismo, creyendo agradar con ello a su jefe.

No se trata de una “simple declaración”, sino de una bajo la gravedad del juramento y con indicaciones de modo, tiempo y lugar sobre la entrega del dinero al intermediario que lo haría llegar a Prieto. Tampoco es una declaración “sin prueba alguna”. El testimonio de Bula es prueba testimonial, como el del exviceministro García, quien declaró que Luiz Bueno le contó que “…eran muy cercanos a un señor Prieto (…) de quien me dice que iba a ser clave en la próxima campaña presidencial”. ¿Será que Bula y García se pusieron de acuerdo?

El Fiscal aclaró que no existe prueba de la entrega de dinero a Prieto, pero además de las testimoniales, existen pruebas documentales de los giros monetizados por Bula en 2014. Si Prieto no compartió “siquiera un café” con Bula, su amigo Giraldo sí lo hizo y por ello tendrá que dar explicaciones.

Los primeros en hablar, Martorelli y Bueno, expresidentes de Odebrecht en Colombia, afirmaron que Bula, en 2013, les ofreció la concesión Ocaña – Gamarra sin licitación, lo que efectivamente sucedió. Declararon también haberle solicitado la inclusión de “sus condiciones” en cuanto a número de peajes, tarifas y vigencias futuras; condiciones que quedaron en el otrosí, como informó la Fiscalía el 14 de enero de 2017, cuando estableció que “Por esta gestión, Odebrecht efectuó pagos desde Brasil por USD $ 4.6 millones, que fueron fraccionados”.

Ese otrosí “de ampliación de obra” por 1,2 billones, que debió haber sido licitación, se firmó el 14 de marzo de 2014, a dos meses de la primera vuelta, con aprobación del Confis y documento CONPES, validatorio apenas, pues fue suscrito siete meses después, incluso por la ministra Parody, quien firmó sin problema, aunque en él se determinaba la importancia del corredor, incluidas “las conexiones a puertos fluviales al norte y sur de Gamarra” en los que tiene intereses su familia.

¿Acaso el Gobierno sabía lo que le venía pierna arriba con las declaraciones de Bula, y por eso promovió la magnificación mediática de un presunto y extraño pago voluntario de Odebrecht al asesor de la campaña rival, curiosamente después de haber perdido la elección?