La presidencia de la multinacional Cerrejón, la mayor explotadora de carbón en el país, dijo que participarán en el proceso de la consulta previa, de acuerdo con la legislación nacional y siguiendo los más altos estándares sociales, tal como lo indicó el Consejo de Estado, que ratificó tres puntos de la sentencia del Tribunal Administrativo de La Guajira, en la que se ordenó a Cerrejón la suspensión de los actos administrativos de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira, Corpoguajira, en los que autorizaba la intervención de las aguas del arroyo Bruno, que desemboca en el río Ranchería y que está siendo desviado para mantener la producción de carbón.

En un comunicado, la multinacional indicó que a pesar de no haber sido formalmente notificada por el Consejo de Estado, manifiesta su disposición de participar en la consulta bajo los lineamientos que establezca el Ministerio del Interior, la cual deberá adelantarse en un término de 30 días hábiles a partir del inicio de la misma.

“Estamos convencidos de la viabilidad social, ambiental y técnica de este proyecto, que cuenta con la aprobación de las autoridades competentes y es desarrollado siguiendo las mejores prácticas ambientales y de ingeniería, cumpliendo con la normatividad vigente”, advirtió el presidente de la compañía, Roberto Junguito.

Aunque existe una autorización de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Anla, las organizaciones indígenas wayuu y otros colectivos sociales rechazan el desvío del afluente. En el nuevo fallo del alto tribunal, se confirman puntos específicos en la tutela interpuesta por Marcela Lorenza Gil Pushaina, autoridad tradicional del asentamiento ancestral La Horqueta 2, comunidad compuesta por 80 indígenas de la etnia Wayuu.

Según Cerrejón, “este proyecto además contribuirá a la protección y conservación de la cuenca media del arroyo Bruno, a través de la implementación de un plan de compensación, de la mano con las comunidades, establecido por Corpoguajira y diseñado por Conservación Internacional (CI)”.

El fallo del Consejo de Estado fue emitido después de se presentaran recursos de impugnación por parte de Cerrejón, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Medio Ambiente, Corpoguajira, el Servicio Geológico Colombiano e Incoder.

Advirtió que el Ministerio del Interior, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y la empresa minera “deberán concertar con el grupo indígena antes de seguir adelante con este proyecto, a 500 metros del tramo La Puente, que hace parte de la mina de carbón que esta firma opera en este departamento del Caribe”.

El proyecto La Puente consiste en el desvío parcial del arroyo Bruno, en la parte baja del afluente, con el fin de mantener la producción del mineral. Las comunidades alegan que este desvío podría ser una catástrofe para el abastecimiento del agua en la región.

Por Carlos Mario Jiménez
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