Por Martín Mendoza Cerpa / EL PILÓN
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El 16 de septiembre de 1999, el periodista Guzmán Quintero Torres, departía con un par de colegas, en el bar del hotel ‘Los Cardones’ de Valledupar, cuando dos sicarios en moto lo balearon.

Desde entonces se tejieron muchas hipótesis sobre quién lo mandó a matar. Según sus allegados, su estilo de periodismo directo y sin tapujos lo llevó a la muerte. Era conocido por sus denuncias por abusos cometidos contra la comunidad por parte de miembros de la fuerza pública y de grupos ilegales.

La investigación de las autoridades para desenmarañar el caso empezó con un testigo, quien aseguró que se encontraba en una heladería cercana al hotel donde fue asesinado Quintero y le entregó a la Policía los casquillos de las balas que los sicarios dispararon.
Con base en este y otros testigos, la Policía del Cesar comandada por el entonces teniente coronel Ciro Hernando Chitiva, elaboró retratos hablados para dar con pistoleros.

Pero fue con la aparición de otro testigo, uno que dijo había estado en una gallera dos días después del asesinato de Guzmán Quintero, donde escuchó una conversación de alías ‘El Parce’, en la que le preguntaron: “¿Cómo le fue con la vuelta del periodista?” Y este respondió: “bien”. El testigo fue a la Policía y denunció lo que había escuchado.

Fue así como el 26 de septiembre de 1999, la Fiscalía con los testimonios recogidos abrió la investigación y vinculó a Jorge Eliécer Espinel Velásquez, alias ‘El Parce’ y de Rodolfo Nelson Rosado, alias ‘El Pichi’, como los presuntos autores materiales de la muerte de Quintero.

El 25 de octubre de 1999, ambos fueron capturados por el delito de homicidio y porte ilegal de armas.
Aunque las autoridades creían contar con los elementos suficientes para dar por resuelto el caso de los asesinos de Guzmán, el 8 de enero de 2002, el proceso dio un giro de 180 grados cuando el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Valledupar absolvió a los únicos sospechosos.

Para la juez del caso, Luisa Pinto Ochoa (actual directora de Fiscalías en el Cesar), las pruebas no eran suficientes para condenar a ‘El Parce’ y a ‘El Pichi y ordenó su libertad aunque tenían un historial criminal.

No obstante, la Fiscalía apeló el fallo de primera instancia, el cual fue revocado el 13 de marzo de 2002, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, que impuso una condena de 39 años y tres meses de prisión a los dos sindicados.

Por lo anterior, las autoridades recapturaron a alias ‘El Parce’ quien ahora paga su condena en la cárcel Modelo de Barranquilla, mientras que alias ‘El Pichi’ continúa preso en la Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar. Ambos insisten en que no fueron quienes asesinaron al periodista y que sus capturas fueron un montaje de la Policía.

“Me están acusando de una cosa que yo no he hecho, de la muerte de un periodista. Ese día yo estuve en el barrio Los Caciques, desde las 9:30 y estuve ahí hasta las 11:30 de la noche. En ningún momento yo he manejado moto, pueden investigar si yo he manejado moto; nunca quise aprender porque un hermano mío tuvo un accidente”, contestó en indagatoria Rodolfo Nelson Rosado, alias ‘El Pichi’, al ser sindicado de transportar al sicario que mató a Guzmán Quintero.

Alias ‘El Pichi’ fue escolta del cantante vallenato Farid Ortiz, hasta julio de 1999 cuando el artista conocido como ‘Rey de los pueblos’ fue capturado por delitos relacionados con narcotráfico.

Proceso engavetado 

Tras la condena en segunda instancia contra los presuntos sicarios, la investigación por el caso de Guzmán Quintero entró en un estado de estancamiento, teniendo en cuenta que a la fecha no hay vinculación formal contra los autores intelectuales del crimen.

En 2008, la Fiscalía reportó haber recibido declaraciones de Giovanny Alfonso Escamilla Maldonado condenado a 36 años de prisión por el asesinato de Bertilda Pabón Orozco, ocurrido el 3 de enero de 2002, quien era promotora de salud del Hospital Eduardo Arredondo Daza de Valledupar. Las autoridades establecieron que el crimen tuvo móviles pasionales y no han logrado establecer si este sujeto tuvo vínculos con grupos paramilitares.

Escamilla, quien se encuentra privado de la libertad en la cárcel Modelo de Barranquilla, manifestó tener conocimiento de los autores de la muerte de Guzmán Quintero, pero se negó a dar declaraciones.

De acuerdo con lo consignado en el expediente, en entrevista informal con el fiscal manifestó que si es postulado para acogerse a los beneficios de Justicia y Paz rendirá la declaración. Sin embargo, en un oficio la Fiscalía informó que esta persona no fue postulada por el gobierno al proceso de justicia transicional.

El fiscal Carlos Camargo Hernández,que tuvo a cargo la investigación hasta hace más de dos años, no obtuvo mayores avances y el caso actualmente está en manos del Fiscal Noveno Especializado, Luis Alberto Reyes Herrera, de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, quien informó a EL PILÓN, que el pasado 20 de junio reabrió la investigación.
“El proceso que de alguna forma estuvo engavetado porque no había pruebas, hoy se encuentra activo en proceso de instrucción, no está muerto”, afirmó el funcionario que hace dos años asumió el cargo.

Sin embargo, Guzmán Quintero Pérez dijo a EL PILÓN que será difícil que se haga justicia con la muerte de su hijo, después de tantos años de impunidad. “Ahora, casi 14 años después, uno va como atando cabos de porqué pudo suceder y es lamentable; es lo que le hace a uno reafirmar ese concepto de que si la muerte de hombres de gran renombre han quedado en la impunidad, qué puede ser de Guzmán, un periodista de provincia”, expresó.

La familia del periodista se registró como víctima en la Unidad de Justicia y Paz, al considerar que el crimen pudo haber sido cometido por ‘paras’ del frente ‘Mártires del Cesar’ de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC. A la fecha no hay reportes de que algún desmovilizado, haya dicho quién o quiénes ordenaron su asesinato.

La conexión militar

Dickson Quiroz, miembro de la junta directiva de EL PILÓN, recuerda que antes de la muerte de Guzmán Quintero se presentaron varias intimidaciones contra el periódico y reclamos por parte de oficiales del Batallón La Popa, debido a las publicaciones relacionadas con abusos de la fuerza pública.

“Si sabía que él había sufrido algunas amenazas, le tocó irse de la ciudad, en otra ocasión nos llamaron porque había resentimiento contra el periódico por la titulación y el escrito de algunos informes y como los que hacía Guzmán, jefe de redacción. Sabíamos que contra él existía algún riesgo”, agregó Quiroz.

Quiroz asegura también que vivió en carne propia las amenazas, “antes de la muerte de su jefe de redacción me tocó salir de Valledupar, en dos ocasiones de manera temporal, una vez amenazado por la guerrilla y otra por los grupos paramilitares”.

Las publicaciones de Guzmán

En 1995, Guzmán Quintero, como corresponsal de El Heraldo recibió amenazas junto a su colega Álvaro Oviedo, corresponsal de El Tiempo, por el artículo ‘Los Hijos de la Sierra’, una investigación sobre la aparición de los paramilitares en el Cesar.

El 10 de mayo de 1999, EL PILÓN publicó el artículo “Ejército asesinó a dos mujeres”. Guzmán salió en la foto principal cargando a un bebé herido y en su informe explicó que las tropas del Grupo Mecanizado Rondón, al parecer pretendían atacar a un grupo guerrillero y por equivocación dispararon contra el vehículo particular, en Conejo, sur de La Guajira.

El 2 de julio del mismo año, volvió a publicar en EL PILÓN otra historia esta vez titulada “Ejército dispara fuera de Polígono”, sobre un ejercicio de polígono, en el que de forma inexplicable, los militares dispararon contra una vivienda en Patillal, donde resultó herido un niño. La madre del menor herido, Saida Maestre, fue a El Pilón en busca de asesoría y Quintero le aconsejó demandar al Ejército.

El 6 de julio, paramilitares incursionaron en Patillal, al norte de Valledupar, donde tres personas fueron asesinadas. Ese día, Maestre fue desaparecida  y días después fue encontrada muerta con signos de tortura.

En 2005, la Fiscalía informó a la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, sobre varias investigaciones que incluyeron una inspección judicial a un proceso penal en la Décima Brigada del Ejército, pero a la fecha no hay investigación en contra de ningún militar.

Otros periodistas asesinados en Cesar

Amparo Jiménez, reportera de los noticieros Q.A.P y En Vivo, además coordinadora de REDEPAZ en el departamento del Cesar. El 11 de agosto de 1998, luego de llevar a su hijo al colegio fue asesinada en la puerta de su casa por Libardo Humberto Prada Bayona, quien le propinó cuatro impactos de bala en la cabeza. Ella había denunciado el desalojo de 170 familias de La Hacienda Bella Cruz, en el sur de Cesar y a raíz de eso recibió amenazas de muerte. Como en el caso de Guzmán solo se condenó al autor material.

Martín Larrota Duarte,gerente y propietario de la Emisora La Palma Stereo en el municipio de San Alberto, asesinado el 7 de febrero de 2004. Dos individuos entraron a la emisora y mientras dormía lo atacaron a puñaladas, causándole heridas en el cuello, lesiones que posteriormente le produjeron la muerte. En versión libre de Justicia y Paz, el exjefe paramilitar del Frente Héctor Julio Peinado, Juan Francisco Parada Márquez, alias ‘Juancho Prada’, confesó que dio la orden de asesinar al periodista porque según él, a través de la emisora “Palma Stereo”, invitaba a la población a que no pagara las vacunas que las AUC exigían a la población civil.