¿Es rica una familia que hace más de 50 años construyó con esfuerzo una casa grande para una familia grande, como las de la época, en un sitio que hoy se valorizó enormemente pero que, a pesar de ello, no le genera ingreso alguno? Después del impuesto a la riqueza, a esa familia, que puede ser de lo que llaman clase media y que quedó enclavada en un estrato alto de la ciudad, no le quedan alientos para pagar un predial millonario. 

¿Es rico un mediano ganadero que posee una tierra que por su ubicación y condiciones también ha visto crecer su valor catastral y comercial, pero no los ingresos de la producción lechera de sus vacas? ¿Es rico un agricultor en las mismas condiciones y enfrentado a la inestabilidad de precios de su cosecha? 

Entre ganaderos corre una sentencia de un realismo que hoy golpea como nunca: “Un ganadero solo es rico cuando vende o sus deudos cuando él se muere”. Vender –no morirse– es la opción que les queda a miles de familias urbanas propietarias de predios valorizados, es cierto, pero que no generan ingresos para cubrir los impuestos; o a miles de propietarios rurales cuyos predios no alcanzan a generar el ingreso suficiente para asumir la carga tributaria y producir una legítima utilidad. 

Miles de empresas urbanas y rurales, sobre todo las medianas y pequeñas, no tendrán la opción de crecer y generar empleo y riqueza, paradójicamente, porque entre el mal llamado “impuesto a la riqueza” y el oneroso predial no se lo permiten. 

¿Qué está pasando? Entre 2004 y 2014 el avalúo catastral total –urbano y rural- creció un ¡314%! En el sector rural el incremento fue de ¡297 %!, al pasar de 35 a 139 billones de pesos, a lo que se suma la tendencia de las administraciones municipales de aplicar las máximas tarifas permitidas para el predial, siempre en su afán de allegar mayores recursos, ya sea para el desarrollo o para el clientelismo electoral. Esta combinación genera un efecto que no resiste comparación con el ingreso de los productores, que en la década solo creció 86%, pero con una inflación acumulada del 54%, que apenas deja un incremento real de 32%, casi diez veces menos que la valorización de sus predios sobre la cual tributan.  El resultado de un ingreso menguado frente a un impuesto creciente no es otro que el deterioro del poder adquisitivo y la calidad de vida de las familias rurales.
Y si acercamos más el foco encontramos otro de los grandes factores de inequidad de un modelo de desarrollo antirural. En la última década el aporte del sector agropecuario al PIB fue, en promedio, del 7%, pero la participación del avalúo catastral rural en el total fue del 15% anual. En otras palabras, el campo está pagando impuestos muy por encima de su capacidad de generación de riqueza. 

Si existe real compromiso con la recuperación del campo y las posibilidades de la producción agropecuaria frente a una creciente demanda mundial por alimentos, las cargas tributarias deberían reducirse para potenciar la capacidad productiva y la competitividad, apalancadas en un incremento sustancial de la inversión en bienes públicos e infraestructura. 
  
Esto es anatema para los gurús de escritorio que nos califican de ineficientes y condenan cualquier protección al sector agropecuario. Pero claro, ellos no pagan nuestro predial ni asumen nuestros costos de producción en medio del atraso rural colombiano, pero sí nos piden –nos exigen– que compitamos con productores de Estados Unidos y Europa, altamente protegidos y con óptimas condiciones de producción.