El Lunes Santo tuve la oportunidad de asistir al segundo y último debate del proyecto de Acuerdo 004, sobre la creación de una Sociedad de Economía Mixta para la actualización del catastro multipropósito en Valledupar. El malestar en el público fue evidente y se manifestó en las intervenciones ciudadanas. Quedó claro algo que se está volviendo costumbre: la insuficiente socialización de los proyectos de alto impacto para el municipio. Aunque se pudo cumplir con la norma mediante algunas reuniones (todas citadas el día anterior), estas no han tenido la antelación ni la profundidad necesarias para que los diversos actores sociales, gremiales y comunitarios comprendan los alcances del proyecto y participen activamente en su construcción. Un proceso se enriquece con el debate informado y el consenso.

El IGAC presentaba rezagos evidentes en su gestión catastral, lo que motivó que municipios como Valledupar solicitaran ser gestores catastrales. No obstante, el municipio no se preparó adecuadamente: no se realizó la inversión en tecnología, ni se contrató personal suficiente e idóneo, ni se estructuró una estrategia institucional. A esto se suma la omisión del propio IGAC al habilitar al municipio sin garantizar que se cumplieran las condiciones mínimas.

El año 2025 es el límite para cumplir con la actualización catastral. No hacerlo significaría perder la condición de gestor y retornar el control al gobierno central. Pero ser gestores catastrales trae grandes beneficios: autonomía en la administración del territorio, mejora del recaudo del predial con justicia tributaria, y articulación del catastro con la planeación del suelo, los servicios públicos, el ordenamiento y la legalización de la propiedad.

Por falta de una socialización adecuada, la percepción que queda en la comunidad es que el catastro multipropósito solo servirá para aumentar el impuesto predial. Esta visión es incompleta. El catastro es una herramienta para detectar ocupaciones indebidas, actualizar usos del suelo, identificar bienes públicos, planear zonas de riesgo y, sobre todo, ordenar el crecimiento urbano y rural con base en información real. También, permite conocer con precisión qué espacios públicos han sido ocupados, cuáles áreas de cesión no han sido formalizadas y cuál es la dimensión real de las invasiones. Esta información es vital para una administración eficiente y transparente del suelo.

Incluso, abre la puerta para revisar otros tributos municipales, como el impuesto de alumbrado público. Gracias al catastro actualizado, podrían identificarse lotes urbanos que, aunque no tienen conexión a la red eléctrica, se benefician de luminarias públicas y actualmente no contribuyen. Esto permitiría estructurar un modelo más justo, donde todos los beneficiarios aporten según su condición predial.

Es entendible el temor hacia la figura de la Sociedad de Economía Mixta (SEM), dado que, en nuestra propia experiencia, las que hemos conocido han privilegiado el recaudo y la rentabilidad del privado sobre la misionalidad de la sectorial. Esta SEM ha sido planteada como una operación meramente financiera, en la que el socio privado recibiría únicamente intereses por su inversión. Esto, bien estructurado y con una interventoría real, podría ofrecer tranquilidad a los vallenatos.

Desde los gremios, hemos solicitado que se otorgue un espacio en la gobernanza de la SEM a los sectores productivos y que se cree una mesa técnica que sugiera ajustes al estatuto tributario, mitigando impactos negativos y garantizando la sostenibilidad. Apostamos por ampliar la base gravable mediante la identificación de predios que hoy no contribuyen, en lugar de seguir cargando a los mismos de siempre.

Valledupar no puede perder la oportunidad de consolidarse como gestor catastral. ¡El camino es exigente, pero si lo recorremos con transparencia, participación y rigor técnico, el catastro multipropósito podrá convertirse en una verdadera herramienta de desarrollo para la ciudad! La oportunidad está en hacerlo bien.

Por: Ricardo Reyes.

Pdte. Junta Directiva Fenalco Cesar