Que castiguen a los que se roban la comida de los niños, a los que les niegan la oportunidad de vivir. Esas fueron ayer las voces que al unísono se escuchaban indignadas por la forma cómo con montaje incluido, hacían creer que los niños del Colegio Sagrado Corazón de Jesús del municipio de Aguachica, en el sur del Cesar, recibían una ración de alimentos decentes.

El video que indignada grabó una profesora de esa institución educativa se convirtió en viral y en noticia de todos los medios de comunicación, y en el caballito de batalla para desde políticos corruptos, defensores de derechos humanos y columnistas se pronunciaran con vehemencia contra el Plan de Alimentación Escolar –PAE- que ha traído más dolores de cabeza que satisfacciones porque no ha impactado para nada en la vida digna que quieren darle a los menores beneficiados.

La alimentación escolar se convirtió desde diciembre de 2014, cuando el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) dejó de ser el operador de este programa, en la bolsa de donde todos los políticos sacan dinero para repartirlos entre sus amigos, adjudicando los contratos a fundaciones de papel, creadas por personas cercanas a las administraciones municipales y departamentales con las que pueden manejar la mordida. La plata que se roban con estos contratos es la que hace falta para que los niños y niñas de las instituciones educativas reciban una ración digna de alimentos.

Lo ocurrido en Aguachica, aunque no es nuevo, no tiene nombre. Es indignante y deplorable que le entreguen a un niño un huevo cocido para que ellos mismos les quiten la cáscara, y si pueden hacerlo, se lo coman junto con un pedazo de mango, con suerte en buen estado. Qué bueno que se destapó la olla podrida de esa manera en la que se cocina la alimentación escolar, si las denuncias que se han hecho no habían tenido eco, por lo menos ahora no habrá excusas para no castigar a los responsables de este caso y de todos los que están sucediendo y sucederán.

A los contratos de alimentación no hay que quitarles el ojo, ahí se cocina la corrupción que no permite que los niños reciban una alimentación digna. Así como sucede también con el dinero de la salud.

Cuando el Icbf operaba la alimentación escolar por lo menos los padres de familia podían participar en estos y hacían veedurías, ahora las fundaciones a los que les entregan esta responsabilidad ni siquiera eso permiten.
La Contraloría General de la República hace tres semanas conocía lo que ocurría en el colegio de Aguachica y ya había hecho advertencias al alcalde de la ciudad. Esa misma auditoría debe hacerse en todos los municipios, comenzando por Valledupar, para que no se roben la plata con la que deben alimentar a los niños.