La cárcel ‘La Tramacúa’, considerada como una de las más seguras del país, durante aproximadamente tres años habría sido ‘burlada’ por los siete dragoneantes que fueron capturados el reciente martes en Valledupar. Ellos, aparentemente, orquestaron un sofisticado sistema de corrupción con los privados de la libertad que abarcó innovadores drones para el ingreso de elementos prohibidos en el centro penitenciario.   

Así lo reveló la Fiscalía Primera Especializada, adscrita al Gaula Cesar, en las audiencias preliminares en contra de los dragoneantes: Wesly Palacio Mena, alias Niche, de 33 años; Henry Rendón Henao, de 27 años; Fabián Ricardo Cangrejo Castillo, de 30 años; Edgar Alejandro Martínez Arias, alias Paspi, de 33 años; Andrey Alejandro Durán Sánchez, alias Chaval, de 33 años; Jaime Alonso Herrera Flórez, de 24, y Herney Fernando Novoa Martínez. 

El fiscal Juan Carlos Linero manifestó que desde el 2019 tenían un grupo con el que coordinaban con los internos el ingreso de droga, licor, celulares, sim card y comidas rápidas a cambio de exorbitantes sumas de dinero.   

“Se estableció que a mediados del mes de marzo del 2019 se dio una reunión en un establecimiento público de Valledupar en la que se encontraban presente Wesly Palacio Mena, Cangrejo, entre otros, ahí manifestaron a un servidor del Inpec que ellos estaban asociados, que tenían un grupo con el que hacían negocios con los internos”, indicó el representante del ente acusador. 

Añadió que la conversación buscaba convencer al compañero para que ingresara al millonario negocio que tenían al interior de la Penitenciaria de Máxima y Mediana Seguridad, ubicada sobre la vía que de la capital del Cesar conduce a La Mesa.  

Este se basaba en realizar encomiendas que contenían uno o varios objetos. Por ejemplo, en el año 2019 planearon el ingreso de 80 celulares con un interno que pagó por cada uno de ellos $800.000 mil, para un total de $64.000.000.  

Los teléfonos distribuidos en cinco paquetes fueron tirados por una persona desde la parte externa hacia el sector de la cancha de la cárcel, donde fueron recogidos por dos reclusos que trabajaban allí; luego fueron llevados por otros a un rancho donde el interno alias ‘Patasola’ los recibió para distribuirlos en los patios 1, 2, 3, y 4 de atención especial.

“Los metió en un balde realizando el recorrido por la guardia interna, pasó por los pabellones 9 y 8 en el que había funcionarios que tenían conocimiento de la situación… Llegó al pabellón cinco donde Durán (guardia), al que le dicen Chaval, campaneaba para que no fuera a aparecer un PJ (un compañero con canino) y se le diera por revisar la enmienda”, aseveró el fiscal Juan Carlos Linero.

LAS ENCOMIENDAS ‘MEJORARON’

El aparente éxito de las entregas propició que en el mes de marzo de 2020 algunos guardias concertaran comprar un pequeño drone que costó entre $8.000.000 a $9.000.000. 

“Con el nuevo elemento comenzaron a ingresar comidas rápidas por las que cobraban una tarifa; por ejemplo, para entrar una hamburguesa cobraban $250.000 y por una caja de arroz chino entre $400.000 a $500.000, por un litro de licor un $1.000.000, por una libra de marihuana $1.500.000 y por un paquete de simcard $2.000.000”, explicó Linero. 

Por eso, en el mes de julio de 2020 los dragoneantes Edgar Alejandro Martínez, Henry Rendón, Andrey Alejandro Durán y Wesly Palacio, supuestamente, compraron un drone más grande por valor de $35.000.000.  

“Lo utilizaron para una ‘vuelta’ en el mes de julio que se cayó porque el paquete que llevaba aterrizó en una zona diferente y se dieron cuenta que contenía 18 celulares, los cuales iban para un interno de la torre 5 que se llama Carlos, con quien cuadraron el pago de $700.000 por cada celular, es decir $12.600.000”, precisó Linero. 

Sin embargo, en el mes de septiembre de 2020 ese drone se dañó al estrellarse cuando intentaba transportar 6 litros de tequila para un recluso apodado como ‘El piloto’, quien iba a pagar $6.000.000.

 SOSPECHOSOS DE EXTORSIÓN 

Según la investigación, los guardias son sospechosos de participar en algunas extorsiones que realizaban los reclusos vía telefónica en el departamento del Cesar.   

La sospecha proviene de los elementos materiales probatorios recopilados durante las capturas con allanamientos a quienes les encontraron pergaminos y varias sim card, las cuales están siendo analizadas. En consecuencia, a los dragoneantes les imputaron el delito de concierto para delinquir agravado. Ninguno aceptó cargos.  

LA DEFENSA

Por su parte, la bancada de la defensa representada por Diego Londoño y Rodrigo Pinto Vásquez, entre otros, mostraron reparo en la formulación de imputación al considerar que no fue muy clara con cada uno de los procesados.

“La imputación tiene un control formal de acuerdo a las exigencias del código. En la Corte Suprema de Justicia hubo un reciente pronunciamiento de la magistrada ponente Patricia Salazar en la que hace referencia, en el parafraseo de la misma, que la comunicación de los actos de imputación no es un capricho del ente acusador, sino que debe hacerse de manera objetiva, clara y sobretodo respetando la congruencia”, dijo Pinto Vásquez. 

No obstante, la diligencia fue avalada por el Juzgado Primero Penal Municipal con función de control de garantías Ambulante. Asimismo, el despacho suspendió la audiencia para resolver la mañana de este jueves la medida de aseguramiento.  

Por Marllelys Salinas / EL PILÓN.