EL PILON y AP
La pobreza de las relaciones judiciales entre España y Latinoamérica dificulta a la justicia española la investigación sobre los miembros del gobierno venezolano que supuestamente ampararon la relación entre la ETA y las FARC, dijo un abogado especializado en la organización vasca.
Por otra parte, Madrid parece empeñada en preservar las relaciones diplomáticas con Caracas a pesar de las críticas de la oposición y de que el gobierno de Hugo Chávez no da signos de haber iniciado una investigación interna para aclarar las acusaciones, tal y como exigió el ejecutivo español.
El magistrado Eloy Velasco acusó al gobierno venezolano de Hugo Chávez de amparar una alianza entre la organización separatista vasca y las FARC, consideradas terroristas por la Unión Europea.
En un discurso televisado por la estatal Venezolana de Televisión, Hugo Chávez descalificó las acusaciones, asegurando que son parte de un plan orquestado por Estados Unidos para desprestigiar a su gobierno y sabotear la unidad latinoamericana.
Sobre ese caso “no tengo nada que explicarle ni a usted ni a nadie en este planeta”, añadió el gobernante. “Si usted quiere pídale explicación a ese juez irresponsable de allá de su propio país, porque es un irresponsable”, enfatizó.
El juez procesó a 13 personas — seis activistas etarras, casi todos en América Latina, y siete de las FARC — y señaló que los dos grupos, con la connivencia de Venezuela, compartieron entrenamientos desde el 2000 y planearon atentados en Madrid contra el presidente colombiano Álvaro Uribe y su antecesor en el cargo Andrés Pastrana.
Según Portero, Velasco debería citar a declarar en Madrid como testigos, y no como acusados, a los altos cargos de Chávez que supuestamente favorecieron los contactos entre ETA y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
Mientras, el responsable de relaciones internacionales del PP, Jorge Moragas, señaló que ETA y las FARC viven “muy cómodas y arropadas al amparo del régimen” de Chávez.