Respetado señor presidente. Esta semana recibí dos denuncias sobre la ineficiencia e incapacidad de los funcionarios que usted designó como responsables en la política de sustitución de cultivos ilícitos y el financiamiento de los proyectos productivos que deberían reemplazar las 230.000 hectáreas de coca que se sembraron en su gobierno.

Le hablo concretamente del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) y del Banco Agrario de Colombia. A pesar de que su alto consejero para el post-conflicto, Rafael Pardo, tiene asiento en las juntas directivas de las dos entidades, la descoordinación entre ellas es totalmente deplorable. Estas son las lamentables consecuencias que acarrea la perversa práctica de politiquería en las entidades técnicas al servicio del sector agropecuario y los programas de sustitución de cultivos ilícitos.

Vamos al grano presidente. Como es de su conocimiento, las zonas rurales de Tumaco y el Catatumbo, son los dos corredores geográficos del país con la mayor superficie de coca y con los mayores problemas de pobreza, narcotráfico y orden público. Por esas razones, los esfuerzos de su gobierno, de los organismos de cooperación internacional y del sector privado, se enfocaron en esas regiones. Luego se hicieron unos estudios agroecológicos y de mercados, para determinar qué cultivos eran competitivos. Posteriormente, se creó el vehículo para desarrollar los proyectos productivos de manera empresarial y se estableció el modelo de Alianzas Estratégicas Productivas y Sociales entre empresarios y asociaciones de pequeños campesinos de los subsectores de la palma de aceite, cacao, piña, plátano, caucho y forestales comerciales, combinados con cultivos de pan coger.

En este esquema, el campesino aporta la tierra, la mano de obra y una parte del financiamiento de su proyecto productivo. El empresario aporta la transferencia de tecnologías, la asistencia técnica y asegura la comercialización del producto a precio de mercado. El Estado, por su parte, aporta los recursos de ayuda y los instrumentos de incentivos ligados al crédito que se tramita ante el Banco Agrario, acordes al flujo de caja de cada proyecto productivo y con garantía estatal.

En Tumaco, donde hay sembradas unas 23.000 hectáreas de coca, la ineficiencia del Banco Agrario tiene al borde de la quiebra a 289 familias de pequeños palmicultores asociados en varias cooperativas (Asones, Agromira, Agrorenacer), porque no les han desembolsado los $14 mil millones restantes que se requieren para el sostenimiento de 1.637 hectáreas sembradas entre 2014 y 2016.

En el Catatumbo, donde hay sembradas más de 30.000 hectáreas de coca, 962 pequeños pamicultores llevan 6 meses esperando que el Banco Agrario les desembolse un crédito por un monto de $14.000 millones para comprar el 49% de las acciones de la Extractora Catatumbo, con lo cual aumentarían la rentabilidad de sus agronegocios.

Presidente Santos, el Crédito que la junta directiva del Banco Agrario le aprobó y desembolsó a Odebrecht – Navelena, por un monto de $ 120 mil millones, lo hizo en 35 días. En estas condiciones, es muy difícil construir país.