Gobernador Monsalvo,  como mandatario por segunda vez, usted ha dirigido los destinos de este departamento, afortunadamente, contando con recursos suficientes para la inversión pública, sin embargo, ha olvidado acometer prioritariamente la política de ordenamiento territorial, dirigida de acuerdo con la ley orgánica (LOT), que establece unos principios y directrices para que los municipios, a través de sus gobernadores, tengan una nueva organización con alianzas y asociaciones  interregionales por medio de los contratos plan, con el fin de promover una nueva relación comercial y cultural, con instrumentos de planificación a largo plazo e iniciativas de aplicabilidad de herramientas para facilitar el desarrollo, apostándole a proyectos de impactos más globales.

Con la asesoría de la Comisión Nacional de Ordenamiento (COT), como instancia de fortalecimiento del liderazgo y toma de decisiones para zonas de pobreza extrema y brechas regionales en el ingreso per cápita, como nuestras regiones, su administración puede lograr incentivos financieros de origen nacional con el fin de desarrollar los contratos plan, para lograr  medios de apoyo con recursos suficientes para la financiación urgente de la formulación de los planes de ordenamiento de los municipios, observando que estas entidades territoriales no tienen cómo revisar o modificar con recursos propios  sus EOT, PBOT O POT, con planteamientos, filtros a políticas públicas departamentales que eviten que estas entidades  manejen los instrumentos de planificación a su antojo, bajo la óptica equivocada de una autonomía mal infundada de los concejales, y es por ese motivo que, justo ahora, es que se requiere su iniciativa para corregir el caos urbanístico que se está presentando en todo el departamento por falta de una política pública coherente.

De otra parte, gobernador Monsalvo, le solicito investigar adecuadamente la posibilidad de proponerle a las comisiones indígenas una única consulta previa institucional para la gestión de tierras, de manera que a cambio de entregarles en comodato tierra urbanizada resultante de procesos de parcelación, dichas  comisiones mediante acuerdos protocolarios puedan permitir el uso racional del suelo rural, sobre todo en aquellos sin vocación agrícola o forestal que se puedan destinar para actividades institucionales, comerciales, recreativas e industriales en sintonía con el Decreto 3600 de 2007, que así lo permite, y se pueda concretar el proyecto Los Besotes, como primera iniciativa que en este sentido se haya planteado en el país.

También es necesario connotarle, señor gobernador, que en asuntos ambientales, la Ley 99 de 1993 define las Corporaciones Autónomas Regionales como entes de carácter público cuya junta directiva es presidida por los gobernadores, y Corpocesar actualmente está sometida a la inoperancia y pérdida de autoridad en el control ambiental territorial, no solo con su omisión  al permitir el horror que la laguna de oxidación de Valledupar produce al río Cesar, sino por la falta de propuesta institucional para solucionar la contaminación de los rellenos sanitarios, cuyas ofertas a nivel nacional e internacional se están presentando para el aprovechamiento de aguas residuales, produciendo riego, energía eléctrica, gas, ahorro de agua y creación de nuevos servicios para estimular la microempresa,  porque es inaudito que todavía la comunidad no conozca a ciencia cierta por qué no tenemos estaciones de transferencia, estaciones para manejo de residuos sólidos, estaciones de riego y manejo comunal de la agricultura de los terrenos habilitados, desperdiciando la materia prima que tenemos a nuestro alcance.