Los conductores de vehículos de tracción animal estarían dispuestos a cambiar su actividad económica siempre y cuando les den soluciones con las que tengan garantías.
La situación por la que pasan los carromuleros en Valledupar es difícil, pues según ellos, la administración los tiene en el olvido y se ven afectados por el cierre de los puntos donde suelen depositar los escombros.
De igual manera, algunos de estos han sido sancionados con comparendos ambientales por parte de la Policía encargada de esta división.
Según José Calderón, presidente de la Asociación de Carromuleros de Valledupar ‘Asocarv’, la opción de empezar a utilizar un motocarro puede tornarse inviable, si se mira desde el punto de vista en que este vehículo no soporta la cantidad de peso que puede acarrear un caballo.
“A nosotros nos hablan de un motocarro o de reagruparnos para montar empresa, un motocarro no es un vehículo apto para la actividad que tenemos porque manejamos cargas pesadas, nos gustaría que nos dieran soluciones como hicieron con los carromuleros de Bogotá, que les dieron alternativas con un vehículo automotor o nos den alternativas para que individualmente podamos buscar un modo de subsistir con un subsidio que dé el gobierno o el municipio como mejora de vivienda, negocios, incluso hay gente que quiere terreno para cultivar y tener un ingreso”, explicó Calderón.
En relación con lo anterior, los carremuleros, que ya se han reunido en varias oportunidades con el alcalde Fredys Socarrás Reales, realizarán un informe de quienes optaban por un subsidio para negocio, quien por motocarro y quienes quieren su plata.
No obstante, las partes no se han podido poner de acuerdo, pero que si se les ofrecen oportunidades que garanticen la continuidad de la labor y los ingresos que se les genera. “No queremos que nos agrupen para hacer empresa, que nos den a cada quien la oportunidad de tener nuestro propio negocio”, dijo José Calderón.
Concejo reclama celeridad en la sustitución de estos vehículos
Teniendo en cuenta que el 31 de enero del presente año venció el plazo establecido por el Gobierno Nacional para sustituir los vehículos de tracción animal y que en Valledupar no se ha llevado a cabo, el Concejo de Valledupar instó a la administración de Fredys Socarrás Reales a dar celeridad a ese proceso.
Esta problemática afecta en la ciudad a más de 1.000 familias que derivan su sustento de los carromulas, es decir, más de 5.000 personas, en su mayoría de estrato 0 y 1, de acuerdo a lo expuesto por el concejal Iván Lúquez Mindiola, quien explicó que según la Ley 769 del 2002 y el Decreto 178 del 2012, los municipios de categoría especial y primera, deben salir de la movilidad urbana estos vehículos.
“Vemos un atraso significativo por parte de la Administración Municipal en el cumplimiento de estas obligaciones. No hay interés institucional, hay desidia en este asunto. Desde que inició la Administración Municipal no se han visto avances concretos de la actualización del censo, ni alternativas sustitutivas para estas familias, ni claridad en asuntos presupuestales”, aseveró Lúquez Mindiola, quien recalcó la importancia de esta temática, al incluir: Trabajo digno, tratamiento de basuras, trato digno a animales, movilidad y seguridad urbana.
Por su parte, el concejal Hernán Felipe Araújo manifestó que “lo más preocupante es que la Asociación de Carromuleros, desde que empezó esta administración, ha acudido al Municipio en varias ocasiones, al despacho del Alcalde, a las Secretarías de Gobierno y de Tránsito y nunca les han respondido las cartas. La primera reunión que tuvieron con ellos fue el lunes 22, o sea tres días antes del debate propuesto por el Concejo Municipal; esto demuestra el poco interés de la Administración hacia esta población”.
Al respecto, Gabriel Muvdi aseveró que aunque existe una ley nacional que prohíbe a las ciudades tener vehículos de tracción animal, la Procuraduría fue enfática en que hasta que no se le brinden soluciones a esta población, no se pueden sacar de uso, porque se estaría violando el derecho al trabajo.
“El llamado a la Administración es que le busquen recursos a los carromuleros o soluciones alternas de trabajo, para que puedan dejar su oficio, que es ilegal”, precisó Muvdi.
Jaime González enfatizó que “la Administración no ha hecho lo pertinente en cuanto a la sustitución de vehículos de tracción animal; ya estamos frente a un incumplimiento de la ley, que hay que solucionar, entendiendo que los carromuleros son de bajos recursos económicos y requieren la ayuda del gobierno”.
Por Freddy Oñate Acevedo/[email protected] y Annelise Barriga Ramírez/[email protected]
Los conductores de vehículos de tracción animal estarían dispuestos a cambiar su actividad económica siempre y cuando les den soluciones con las que tengan garantías.
La situación por la que pasan los carromuleros en Valledupar es difícil, pues según ellos, la administración los tiene en el olvido y se ven afectados por el cierre de los puntos donde suelen depositar los escombros.
De igual manera, algunos de estos han sido sancionados con comparendos ambientales por parte de la Policía encargada de esta división.
Según José Calderón, presidente de la Asociación de Carromuleros de Valledupar ‘Asocarv’, la opción de empezar a utilizar un motocarro puede tornarse inviable, si se mira desde el punto de vista en que este vehículo no soporta la cantidad de peso que puede acarrear un caballo.
“A nosotros nos hablan de un motocarro o de reagruparnos para montar empresa, un motocarro no es un vehículo apto para la actividad que tenemos porque manejamos cargas pesadas, nos gustaría que nos dieran soluciones como hicieron con los carromuleros de Bogotá, que les dieron alternativas con un vehículo automotor o nos den alternativas para que individualmente podamos buscar un modo de subsistir con un subsidio que dé el gobierno o el municipio como mejora de vivienda, negocios, incluso hay gente que quiere terreno para cultivar y tener un ingreso”, explicó Calderón.
En relación con lo anterior, los carremuleros, que ya se han reunido en varias oportunidades con el alcalde Fredys Socarrás Reales, realizarán un informe de quienes optaban por un subsidio para negocio, quien por motocarro y quienes quieren su plata.
No obstante, las partes no se han podido poner de acuerdo, pero que si se les ofrecen oportunidades que garanticen la continuidad de la labor y los ingresos que se les genera. “No queremos que nos agrupen para hacer empresa, que nos den a cada quien la oportunidad de tener nuestro propio negocio”, dijo José Calderón.
Concejo reclama celeridad en la sustitución de estos vehículos
Teniendo en cuenta que el 31 de enero del presente año venció el plazo establecido por el Gobierno Nacional para sustituir los vehículos de tracción animal y que en Valledupar no se ha llevado a cabo, el Concejo de Valledupar instó a la administración de Fredys Socarrás Reales a dar celeridad a ese proceso.
Esta problemática afecta en la ciudad a más de 1.000 familias que derivan su sustento de los carromulas, es decir, más de 5.000 personas, en su mayoría de estrato 0 y 1, de acuerdo a lo expuesto por el concejal Iván Lúquez Mindiola, quien explicó que según la Ley 769 del 2002 y el Decreto 178 del 2012, los municipios de categoría especial y primera, deben salir de la movilidad urbana estos vehículos.
“Vemos un atraso significativo por parte de la Administración Municipal en el cumplimiento de estas obligaciones. No hay interés institucional, hay desidia en este asunto. Desde que inició la Administración Municipal no se han visto avances concretos de la actualización del censo, ni alternativas sustitutivas para estas familias, ni claridad en asuntos presupuestales”, aseveró Lúquez Mindiola, quien recalcó la importancia de esta temática, al incluir: Trabajo digno, tratamiento de basuras, trato digno a animales, movilidad y seguridad urbana.
Por su parte, el concejal Hernán Felipe Araújo manifestó que “lo más preocupante es que la Asociación de Carromuleros, desde que empezó esta administración, ha acudido al Municipio en varias ocasiones, al despacho del Alcalde, a las Secretarías de Gobierno y de Tránsito y nunca les han respondido las cartas. La primera reunión que tuvieron con ellos fue el lunes 22, o sea tres días antes del debate propuesto por el Concejo Municipal; esto demuestra el poco interés de la Administración hacia esta población”.
Al respecto, Gabriel Muvdi aseveró que aunque existe una ley nacional que prohíbe a las ciudades tener vehículos de tracción animal, la Procuraduría fue enfática en que hasta que no se le brinden soluciones a esta población, no se pueden sacar de uso, porque se estaría violando el derecho al trabajo.
“El llamado a la Administración es que le busquen recursos a los carromuleros o soluciones alternas de trabajo, para que puedan dejar su oficio, que es ilegal”, precisó Muvdi.
Jaime González enfatizó que “la Administración no ha hecho lo pertinente en cuanto a la sustitución de vehículos de tracción animal; ya estamos frente a un incumplimiento de la ley, que hay que solucionar, entendiendo que los carromuleros son de bajos recursos económicos y requieren la ayuda del gobierno”.
Por Freddy Oñate Acevedo/[email protected] y Annelise Barriga Ramírez/[email protected]