Con asombro vi cómo en un reconocido restaurante de Valledupar se me solicitó el carnet de vacunación para permitirme ingresar a la hora del almuerzo. Iba con mi esposa y con una pareja de amigos muy queridos. Esto sucedió el pasado martes 16 de noviembre, fecha establecida por el Gobierno nacional para dicha exigencia. Este país, esta región, deben unirse para continuar combatiendo el covid-19 de la manera más contundente. 

Escuché al doctor Fernando Ruiz Gómez, ministro de Salud, decir que una vez se hizo pública la exigencia del carnet para ingresar a diferentes lugares y participar de eventos, aumentó considerablemente el número de personas vacunadas. Eso habla bien de la decisión y muestra que a veces el Estado tiene que “apretar” para que los ciudadanos marchemos a otro ritmo. De todas maneras es válida la discusión acerca de si este tipo de determinaciones vulnera la libertad de las personas. Analicemos el asunto.

Como excatedrático de Constitucional General de la Universidad del Rosario de Bogotá donde me recibí de abogado, me casé hace muchos años con la teoría construida por los denominados “contractualistas” que pretende explicar el origen del Estado, el porqué de esta organización. Juan Jacobo Rousseau, palabras más palabras menos, dice que los ciudadanos al nacer en un determinado lugar se acogen tácitamente a un “contrato social”, que les permite pertenecer a un Estado (que cuenta con una población, un espacio geográfico y un poder organizado de cierta manera), ganando un conjunto de libertades civiles y sacrificando su libertad natural. 

Es decir, que hacer parte de un Estado impone directamente deberes que como contraprestación generan derechos; esos derechos junto con su titular, deben ser defendidos y respetados con ahínco por todos aquellos que han suscrito el contrato en cuestión.

Así las cosas, al hacer parte de un Estado, en nuestro caso el colombiano, tenemos deberes y derechos. Deberes que nos obligan a respetar una estructura constitucional y jurídica que protege al conglomerado social y derechos, llamados a garantizar unos mínimos no negociables en las sociedades actuales. 

En plena pandemia, cuando seguimos combatiendo frontalmente al covid-19, uno de los deberes que como sociedad tenemos que asumir es precisamente el de la vacunación. Es claro que la vacuna no asegura el no contagio; pero lo que sí está comprobado es que minimiza el riesgo de requerir hospitalización y reduce enormemente el riesgo de morir.

Aquí no podemos pensar solo en nosotros, nuestros intereses o creencias. Como colombianos estamos llamados a vacunarnos, a apoyar al Gobierno en su empeño por lograr la inmunidad de rebaño lo antes posible para protegernos y poder continuar con nuestras vidas. 

Esta pandemia no es la primera ni será la última que la humanidad deba enfrentar; pero desde ahora sí podemos mostrarnos como una nación unida, fraterna, a la que le importa lo que le pase al otro, al vecino, al amigo, al familiar, así como al colombiano que vive en otra ciudad y que no tiene el gusto de conocer. No solo debemos unirnos para apoyar a la Selección Colombia, tenemos que empezar por vacunarnos para proteger nuestra propia vida y de paso, las de los demás. 

Si después de analizar la situación, la decisión final pasa por no vacunarse contra el covid-19, sea cual sea el motivo, no pasará nada y podrá defender ante cualquier persona esa determinación; ninguna autoridad puede vulnerar ese derecho a elegir no vacunarse porque finalmente eso pone en riesgo a la persona misma. Pero lo cierto es que esa persona no podrá hacer parte de actividades que involucren aglomeraciones, en la medida en que está claro que el no vacunado es una amenaza para los demás, que sí han sumido el compromiso con juicio y respeto por el conglomerado social al que pertenece.

Mientras tanto: Alex Char enreda los voticos de la costa Atlántica por Petro, a quien bien describió la republicana María Elvira Salazar…