La Contraloría General de la República dio a conocer que el Ministerio de Minas operó de manera ineficaz el manejo de los recursos del llamado Cargo por Confiabilidad, lo que habría causado un presunto detrimento patrimonial estimado en 53.700 millones de pesos, del Fondo de subsidios de energía.

Según la entidad, dicho valor equivale a los subsidios otorgados por la nación a los usuarios del servicio de energía eléctrica por asumir las pérdidas de los generadores térmicos a través de un aumento tarifario que, para la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), incumplió el régimen en esta materia.

A su vez, explicó que el detrimento se explicaría por falta de previsión, como determinante de la toma de las medidas adoptadas por la CREG  en la Resolución 178 de 2015. El daño patrimonial corresponde al componente de subsidios cubiertos con recursos del Presupuesto General de la Nación, en los seis meses de vigencia de la medida.

“El Ministerio de Minas fue ineficaz frente a la reciente crisis energética. Faltó diligencia y coordinación entre las instituciones, las medidas propuestas fueron tardías y no había razón para señalar exclusivamente a El Niño como justificación de la crisis”, indicó la Contraloría General de la Nación a través de un comunicado de prensa.

El contralor Edgardo Maya Villazón se refirió al tema manifestando que algunas de las  empresas no solo no le están dando al Cargo por Confiabilidad el uso indicado por el regulador, sino que pueden incurrir en riesgos de iliquidez para la época en que se hacen exigibles las Obligaciones de Energía en Firme (OEF), lo cual conlleva a un riesgo para el sistema eléctrico.

Síntesis del hallazgo

Según el Contralor General, el hallazgo se sintetiza en dos puntos clave. El primero se basa en el incremento tarifario para aliviar las pérdidas de los generadores térmicos que operan con combustibles líquidos, cuyo valor fue de 476.539 millones de pesos, lo cual se constituyó en un traslado efectivo de las pérdidas económicas de las empresas a los usuarios.

El segundo se refiere a la imprevisión que llevó a la necesidad de adelantar este ajuste de tarifas, lo que permite identificar un daño patrimonial de 53.700 millones que corresponden a la parte cubierta con subsidios, que son recursos del Presupuesto General de la Nación.

El Cargo por Confiabilidad comenzó a operar el primero de diciembre del 2006 y en casi 10 años de aplicación llegan a más de 18,5 billones de pesos los recursos entregados a los generadores privados y públicos, relacionados con las Obligaciones de Energía en Firme (OEF).