Un trino de Petro del pasado viernes debe despertar todas las alarmas. Petro dice que a) hay una “ruptura institucional” porque la Procuraduría suspendió al Canciller y porque “la Fiscalía investiga al presidente”, b) que “se han allanado sindicatos, se ha torturado”, c) que “no es lo mismo la contribución a partidos políticos de un narcotraficante como ‘el ñeñe’ que la del sindicato de maestros”, d) que hay una “toma mafiosa de la fiscalía” y que e) “solicita al pueblo la máxima movilización popular”.

Petro no solo no aporta una sola prueba, sino que sus acusaciones son un abierto ataque contra la Fiscalía, que debe sumarse al que hace a la Procuraduría al negarse a separar del cargo al Canciller.
Quienes han tenido nexos con mafiosos y los han beneficiado son Petro, su familia y su gobierno. Él participó en la planeación del asalto del Palacio de Justicia. Hay pruebas de que alias Sobrino y el Hombre Malboro aportaron a la campaña. Su hermano sostuvo que las elecciones se ganaron por el apoyo de criminales. La lista de decisiones de gobierno que favorecen a los narcos es larga.

En cuanto al Ñeñe, Petro miente y ataca a la Suprema que, en sentencia de 2022, dijo que “no se cuenta en el expediente con ninguna prueba certera de la presunta participación de Hernández en la campaña”.
De lo que no hay duda es de que en la de Petro se violaron los topes en gastos y se recibió financiación no declarada. La última, los 500 millones de FECODE, deslegitima la elección de Petro y enreda a Ricardo Roa, a Dagoberto Quiroga y a los sindicalistas que se prestaron para la trampa. Investigar penalmente a esas personas es obligación de la Fiscalía. Como lo es la de trasladar al CNE y a la Comisión de Acusaciones los resultados.

Y eso es lo que tiene muerto del pánico a Petro. Por un lado, porque la Constitución establece que basta con la comprobación del hecho objetivo de la violación de los topes para que se produzca la pérdida del cargo. Por el otro, porque es nulo el margen de la Comisión de Acusaciones, otrora todo poderosa en estas materias. Probada la violación de los topes, está obligada a proceder contra Petro. Si, además, hay indicios de vulneración del Código Penal, tendrá que activar el procedimiento establecido en la Constitución para el juicio penal al Presidente.

Lo que protege a las instituciones es el cumplimiento de la ley, no la defensa de la permanencia de Petro en contra de las evidencias. Sus ataques a la Suprema, a la Fiscalía y a la Procuraduría, y su invitación a la “movilización popular” muestran una ruta similar a la de Pedro Castilla, la del autogolpe. O al menos el desconocimiento flagrante de la institucionalidad democrática. En ambos casos, me temo, el resultado será el mismo que en el Perú: la salida del cargo y, todo parece indicarlo, la cárcel.

Rafael Nieto Loaiza