La Procuraduría General de la Nación anunció que se tomaría el proceso electoral de 2018, para garantizar un voto limpio y transparente en las campañas a Congreso y Presidencia. Esto incluye la decisión de rotar a todos los procuradores regionales y provinciales, para evitar conjeturas sobre su actuación y fortalecer la vigilancia a los comicios.

La decisión de rotar a los funcionarios del Ministerio Público será por dos meses y a partir de hoy 20 de enero. En el caso del Cesar, el procurador General, Fernando Carrillo Flórez, tomó la decisión de poner en el cargo transitoriamente a la procuradora del Magdalena, Ana Muelle.

Mientras que Margarita Cuenca Urbina, la encargada de este departamento, se trasladará a La Guajira.

En lo que respecta a la encargada del cargo en Valledupar, la procuradora provincial, Rosalba Rangel Díaz estará intercambiando ciudad con el procurador de Montería.

Cuenca Urbina se encuentra en la Procuraduría Regional del Cesar desde febrero de 2017, cuando la anterior procuradora fue declarada insubsistente; mientras que Rangel Díaz llegó a Valledupar en noviembre de 2017 en calidad de encargo por orden del Procurador General de la Nación. Los procesos que llevan estas funcionarias seguirán su curso normal con los encargados.

El propósito es conservar la trasparencia en estas dependencias de control y evitar el ‘amiguismo’ que se genera en algunos departamentos entre políticos y funcionarios del Ministerio Público.
“Tenemos la responsabilidad de garantizar que en este proceso electoral haya un voto limpio, un voto inteligente, un voto concienzudo de los colombianos que condene la corrupción, que precisamente ha sido la característica fundamental del desenvolvimiento político de Colombia durante los últimos años”, dijo Carrillo Flórez.

Notificó igualmente la implementación de un programa especial de vigilancia electoral que contempla, entre otras medidas, ejercer un control institucional sobre los gastos de las campañas, el uso inadecuado de la publicidad política, el seguimiento a las empresas proveedoras de servicios electorales y el acompañamiento a la contratación de la organización electoral.

El plan contempla, además, el robustecimiento de la Comisión para Asuntos Electorales, la instalación de las comisiones territoriales del Ministerio Público, con participación de las personerías y la intervención de 4.000 funcionarios como procuradores electorales en las mesas de votación.

Así mismo, el Procurador General de la Nación exhortó a los alcaldes a regular las condiciones para la fijación de carteles, pasacalles, afiches y vallas destinadas a difundir propaganda electoral, e indicar de manera precisa lo sitios públicos donde se puede realizar este tipo de publicidad.

Andreina Bandera /EL PILÓN
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