Es evidente el estilo y política preferencial que el gobierno nacional ha mostrado con las poblaciones indígenas y afrodescendientes del país. Eso no está mal, sin embargo, se pregunta sino debería darse de manera equilibrada frente a otros sectores. Bueno el cilantro, pero no tanto.

El Gobierno ha asignado presupuesto específico y toda clase de incentivos a las organizaciones indígenas, entre ellas las derivadas de forzosas consultas previas. También a poblaciones afrodescendientes. Reconocemos la intención de saldar deudas sociales y de dignidad históricas con esas comunidades originarias, de las que debemos sentirnos orgullosos, pero empieza a percibirse como oportunidad de negocio y transacción, en un inusitado interés de muchos actores para crear organizaciones con el fin de jalonar plata.

Un beneficiario reciente en ese sentido es el Consejo Regional Indígena del Cauca, Cric, que reúne al 90 por ciento de sus pueblos. 115 cabildos y 11 asociaciones de ellos y de acuerdo con la plataforma de contratación estatal Secop, este 13 de marzo por contratación directa firmó un convenio de $57.694 millones con MinEducación. Posiblemente necesario, pero llamativo ad portas de una movilización auspiciada por el Ejecutivo.

Lo que brinde la oportunidad de conseguir recursos públicos, dispara la demanda de solicitudes, al punto de que el Ministerio del Interior, este 26 de marzo, se vio obligado a hacer un llamado público a las comunidades indígenas y afros “a fortalecer el respeto y cuidado de sus principios ancestrales y de gobierno propio, frente a las múltiples solicitudes de resoluciones para registro de nuevas autoridades, consejos comunitarios y demás estructuras o asociaciones”.

El tema lo corroboró el viceministro para el Diálogo Social y los Derechos Humanos, Gabriel Rondón, al señalar que “la creciente atomización de los pueblos étnicos ancestrales indígenas, rom y de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras; materializada en las numerosas solicitudes de resoluciones para registro de nuevas autoridades, nos preocupa porque no solo está en riesgo la pervivencia de su cultura y, por ende, la transmisión de esta a futuras generaciones, sino que estos asuntos vienen motivando conflictos al interior de los territorios”.

Aunque el Presidente dice que no pueden los funcionarios públicos alentar las divisiones dentro de los indígenas, lo cierto es que la perspectiva electoral, en la práctica los inmiscuye. Que hay actuales conflictos entre todos nuestros pueblos a su interior, de la Sierra Nevada y de la serranía del Perijá. Y que la política gubernamental, que críticos de oposición llaman identitarias o woke, “al pasarse de piña” la maduran a un alto grado de acidez en que, al final, y en el mediano plazo, por reacción, podrían comprometer las justas conquistas ganadas por largas décadas de lucha por nuestras minorías étnicas.

Ante esto, podría decirse que el Gobierno nacional está siendo víctima de su propio invento y ha venido cayendo en prácticas discriminatorias en torno a las regiones y a los distintos sectores que las conforman. Es lo que está pasando en La Guajira en que muchas comunidades altivas han pulverizado, por lo pronto, la transición a las energías eólicas. Y acorralan a la minería tradicional.

En el Cesar y La Guajira esto se ha podido palpar de manera flagrante como lo demuestra el hecho de que el presidente Petro, las pocas veces que ha venido a nuestra región, casi siempre llega a Nabusimake o a cualquier otro punto de la Sierra Nevada o serranía de El Perijá a reunirse con autoridades indígenas, pero no se sienta con los alcaldes, gremios, empresarios, académicos, músicos y artistas, deportistas, dirigentes sociales urbanos y rurales, productores del campo, de la construcción o del comercio urbano, entre otros sectores, para analizar en conjunto los problemas de la región.