Boquerón pertenece al municipio de La Jagua de Ibirico y se ubica en el centro del Corredor Minero. Población de cerca de 1.500 habitantes, en su gran mayoría afrodescendientes, a 20 minutos de la Jagua de Ibirico por carretera pavimentada y por terreno totalmente plano, con temperatura muy calurosa y con más de 100 años de existencia, historia y tradición en el sitio en donde se encuentra actualmente localizada.

El reasentamiento de Boquerón, que se ordenó hace más de una década por la Agencia Nacional de Licencias Ambientales ANLA, no se logró porque las negociaciones entre las empresas mineras y la comunidad no alcanzaron un acuerdo satisfactorio; el Pacto ‘Boquerón avanza’ no se pudo implementar. Desidia, codicia, engaños, divisiones internas, demoras planeadas, de todo se vio en ese proceso, uno de los más difíciles de llevar a cabo en el mundo moderno. Reasentar una población es una medida extrema, que rompe la historia, la familiaridad, la vecindad, los medios de producción conocidos, por eso es tan difícil lograrlo. Estas dificultades iban a servir para que se diera un inesperado giro.

En el año 2020 vino una ‘contraorden’ de la ANLA, asegurándose que ya no era necesario el reasentamiento de Boquerón porque después de más de una década los efectos ambientales negativos del polvillo y de las explosiones no la afectaban, según una nueva medición de los indicadores de calidad del aire en dicha zona.

Los argumentos tuvieron que ver, entre otras razones, con que los ‘pits’ de la mina (área específica de explotación) se mueven: en el sentido en que la excavación se fue alejando del pueblo también lo hicieron los camiones que transportaban el estéril y el mineral dentro de la mina y esparcían el material afectante, el polvillo.

También, el transporte externo de los camiones fue cambiado por un tren que no pasa cerca del poblado. Se pavimentó la vía cercana y eliminándose la generación de polvo y se controlaron las quemas de basuras; con todo, que ya no era necesario reasentar a Boquerón.
Pero, al haber estado en un proceso de negociación con la expectativa de mudar el pueblo, durante tantos años, no hubo la inversión social necesaria, no se arregló la escuela, ni el puesto de salud, ni se hicieron obras nuevas. En consecuencia se hizo necesario suplir ese déficit de inversión, y, según determinó el ANLA, fueron las empresas mineras las llamadas a hacerlo a través de un Plan de Manejo Socioeconómico, PMS, concertado con la comunidad. Un programa de confianza para mostrar no sólo a nivel nacional, sino mundial, como parte de un esfuerzo conjunto Comunidad-Empresas-Estado, que invirtiendo de manera estratégica un monto considerable de recursos (del orden de $ 50.000 millones), definidos de manera participativa y con ayuda de un Centro de estudios, puede transformar radicalmente a una comunidad en pobreza extrema a otra próspera, pero para ello se necesita que se cumplan las promesas. Las obras y actividades iniciaron bien como lo registramos hoy en un informe especial; de seguir así podremos decir: ¡colorín colorado este cuento se ha terminado!