De acuerdo con la proyección de población municipal por área del DANE, para el año 2010 Valledupar tenía una población de 403 mil 414 habitantes, dato relevante que seguramente fue tenido en cuenta en términos de la planeación para vincular a Valledupar al esquema de financiamiento de los denominados bonos de agua. Los otros municipios del Cesar que participaron en este esquema fueron Bosconia, El Paso  y  La Gloria.

Valledupar, Bello, Soacha, Floridablanca y Buenaventura son los municipios con mayor cantidad de habitantes del total de los 117 que en 17 departamentos del país, recibieron empréstitos pignorando los recursos del componente de agua potable y saneamiento básico del Sistema General de Participaciones – SGP,  y entraron en el esquema de créditos “bonos de agua”.

Una auditoría que adelantó la Contraloría General de la República a la inversión de los recursos recibidos por los municipios vinculados al esquema de financiamiento de los bonos de agua, estableció que hasta mediados del año 2018 el municipio de Valledupar había pagado por intereses 39 mil 622 millones de pesos; cuando recibió 36 mil 765 millones de pesos a partir del crédito previsto en este esquema. Es más, solo había para esa fecha, abonado a capital 5 mil 236 millones de pesos y entre intereses y capital había pagado 44 mil 858 millones de pesos.

En cuanto a municipios con mayor pago de intereses en este esquema, Valledupar ocupa el segundo lugar, solo superado por el de Buenaventura que frente a un crédito de 43 mil 755 millones de pesos ha pagado con corte a la fecha antes señalada entre intereses y capital 61 mil 812 millones de pesos, de los cuales corresponden a intereses 52 mil 577 millones de pesos.  En cuanto a mayor pago de intereses siguen después de Buenaventura y Valledupar, los municipios de Bello, Soacha, Floridablanca, Florencia, Alto Baudò, Girón, Ocaña y Ipiales; es decir los diez primeros dentro de un total de 117 municipios.

La auditoría se adelantó al universo de contratos suscritos  por los 117 municipios que participaron en el esquema de financiamiento comentado y cuya fuente de recursos correspondiera a los del referido empréstito. Atendiendo que fue una auditoría municipio por municipio, a cada contrato y a cada obra; se encontraron observaciones a propósito de Valledupar en los corregimientos de Mariangola y los Corazones, lo cual afecta  a la comunidad en cuanto al servicio y lo referente al saneamiento básico y el agua potable. Eso sin hacer referencia a la calidad del agua o si es viable sanitariamente o si se presenta alta variabilidad en cuanto a la calidad del agua y el suministro de la misma a la población; todo esto claro está en términos del Índice de Riesgo de Calidad de Agua para Consumo Humano – IRCA.

En cuanto a debilidades precontractuales y no contar con proyectos precisos al momento del desembolso del crédito fueron aspectos que también se encontraron en el municipio de Valledupar. 
De un total de 440 mil 637 millones de pesos de créditos de bonos de agua otorgados a 117  municipios, a aquellos del departamento del Cesar que participaron, correspondió la suma de 43 mil 936 millones de pesos. Es decir, que si se mirara por departamentos el Cesar fue el cuarto de un total de 17 con mayores recursos obtenidos de créditos de este esquema; primero Antioquia y le siguen Valle del Cauca y Bolívar.

No entro en detalles en esta columna por razones de espacio, en cuanto al porcentaje de recursos pignorados del Sistema General de Participaciones  por el municipio de Valledupar para poder pagar el crédito; en los 117 municipios que participaron en el referido esquema el rango de pignoración estuvo entre el 18% y el 85%; tampoco entró en detalles en cuanto a la refinanciación del crédito, por parte de Valledupar.

En términos de las zonas corregimentales de Valledupar cuán importante es revisar continuamente los indicadores de prestación del servicio de Agua Potable y Saneamiento Básico – APSB, las coberturas de acueducto y las coberturas de alcantarillado.  Esas revisiones deben verse como algo más que normal en cuanto a la política de agua potable y saneamiento básico.