La Secretaría de Hacienda de Valledupar explicó que no existe una obligación legal para que la administración municipal cubra el 100 % del presupuesto funcional de la organización.
La justificación de esa solicitud radica, según los socorristas, en que hay deudas de salario, primas y bonificaciones correspondientes a diferentes meses de 2021, 2022 y 2023.
“En lo que se llama presupuesto, que es hacer un cálculo de los gastos y la inversión que debe hacer una institución para mantenerse en un período no puede basarse solamente en nómina y en seguridad social, también debe haber un componente de servicios públicos, combustible, capacitaciones, dotación del personal y otros gastos administrativos”, expresó el comandante de los socorristas, Alexey Petit.
El líder agregó que “en el último año de Gobierno de Fredys Socarrás se estuvieron manejando alrededor de $3.500 millones”. Por su parte, la bombera y periodista Mary Mestre declaró que el contrato con el que concluyó el Gobierno de Augusto ‘Tuto’ Ramírez “fue de $2.600 millones”.
EL PILÓN consultó a la secretaria de Hacienda de Valledupar, Lily Mendoza, sobre los criterios para asignar el presupuesto de los bomberos para esta vigencia, y la funcionaria explicó que no existe una obligación legal para que la administración municipal cubra el 100 % del presupuesto funcional de la organización.
“Ellos son un cuerpo de bomberos voluntarios y prestan un servicio a la comunidad y la administración contrata bomberos hasta donde su presupuesto está definido, si eso para ellos es insuficiente, ellos tienen que arbitrar otro tipo de prestación de servicios para sostener su funcionamiento”, agregó Mendoza.
Los recursos con los que la administración contrata al Cuerpo de Bomberos provienen de la sobretasa bomberil, la cual es un porcentaje que se recauda en el impuesto predial unificado.
Estos recortes también se han realizado a nivel nacional, de acuerdo con Carlos Rojas, capitán de los bomberos de Pitalito, Huila, y gestor de la ‘ley de bomberos’.
“Por eso nosotros queríamos que la financiación de los Bomberos fuera de diferentes fuentes que tienen que ver con todo aquello que genera riesgos para la vida, para los bienes y la naturaleza”, dijo Rojas a la prensa nacional recientemente.
46 personas, aproximadamente, hacen parte de la nómina, entre línea de fuego y administrativos.
La Secretaría de Hacienda de Valledupar explicó que no existe una obligación legal para que la administración municipal cubra el 100 % del presupuesto funcional de la organización.
La justificación de esa solicitud radica, según los socorristas, en que hay deudas de salario, primas y bonificaciones correspondientes a diferentes meses de 2021, 2022 y 2023.
“En lo que se llama presupuesto, que es hacer un cálculo de los gastos y la inversión que debe hacer una institución para mantenerse en un período no puede basarse solamente en nómina y en seguridad social, también debe haber un componente de servicios públicos, combustible, capacitaciones, dotación del personal y otros gastos administrativos”, expresó el comandante de los socorristas, Alexey Petit.
El líder agregó que “en el último año de Gobierno de Fredys Socarrás se estuvieron manejando alrededor de $3.500 millones”. Por su parte, la bombera y periodista Mary Mestre declaró que el contrato con el que concluyó el Gobierno de Augusto ‘Tuto’ Ramírez “fue de $2.600 millones”.
EL PILÓN consultó a la secretaria de Hacienda de Valledupar, Lily Mendoza, sobre los criterios para asignar el presupuesto de los bomberos para esta vigencia, y la funcionaria explicó que no existe una obligación legal para que la administración municipal cubra el 100 % del presupuesto funcional de la organización.
“Ellos son un cuerpo de bomberos voluntarios y prestan un servicio a la comunidad y la administración contrata bomberos hasta donde su presupuesto está definido, si eso para ellos es insuficiente, ellos tienen que arbitrar otro tipo de prestación de servicios para sostener su funcionamiento”, agregó Mendoza.
Los recursos con los que la administración contrata al Cuerpo de Bomberos provienen de la sobretasa bomberil, la cual es un porcentaje que se recauda en el impuesto predial unificado.
Estos recortes también se han realizado a nivel nacional, de acuerdo con Carlos Rojas, capitán de los bomberos de Pitalito, Huila, y gestor de la ‘ley de bomberos’.
“Por eso nosotros queríamos que la financiación de los Bomberos fuera de diferentes fuentes que tienen que ver con todo aquello que genera riesgos para la vida, para los bienes y la naturaleza”, dijo Rojas a la prensa nacional recientemente.
46 personas, aproximadamente, hacen parte de la nómina, entre línea de fuego y administrativos.