Los habitantes de la comunidad de Manantial Grande del Resguardo Indígena Lomamato, del municipio de Hatonuevo, informaron que decidieron bloquear la vía que de Hatonuevo conduce a los municipios del norte. (…) Es por esta razón que, en aras de reclamar su derecho, fijaron la hora cero a las 03:00 a.m. del día 6 de febrero de 2023 a la altura del kilómetro 37+200, protesta que fue levantada horas después.

“Padecemos por el preciado líquido dentro de la comunidad, aun teniendo un pozo profundo con una bomba sumergible que se encuentra dañada y el pozo casi perdido por falta de mantenimiento. En reiteradas ocasiones hemos radicado diferentes solicitudes a las administraciones municipales que han estado desde el año 2013, que no han sido respondidas”, se puede leer en el comunicado (Diario del Norte, 7 febrero 2023).

Es un bloqueo más en la vecina Guajira que día de por medio protagoniza una interrupción del paso de los vehículos. Ya con este van más de 20 bloqueos en el presente año, el diario El Tiempo hace 3 días registraba esa situación. “Cuando no hay un bloqueo se viaja con la zozobra por la inseguridad o las malas condiciones de la vía, también de los vehículos, sin adecuada revisión técnica, y por los accidentes y tragedias”, dijo a EL PILÓN un habitante de Cuestecitas.

El Cesar no se escapa a los bloqueos. En el más reciente periodo las vías de la tranquila Santander se vieron agitadas por las comunidades. Parece ser que el empoderamiento que el nuevo Gobierno nacional ha dado a los pueblos, los ha motivado a protestar contra los gobiernos locales y el mismo central.

En el caso de la hermana Guajira la situación tiene a complicarse a pesar de los esfuerzos que pueden hacer los gobiernos nacionales, que destina ejércitos de funcionarios que no parecen encontrar solución en el territorio a las justificadas quejas, y el departamental, cuyo gobernador, José Jaime Vega, ha decidido ir municipio por municipio mostrando los proyectos y las obras en progreso para prevenir las protestas.

Se afecta y se encarece el transporte, cuando la carestía agobia a los guajiros, la conexión con la frontera, la tranquilidad de los turistas – algunos afectados el pasado mes de enero por el despojo a mano armada y los problemas en las vías – y el buen nombre de una comunidad que busca superar la pobreza y un mejor porvenir. Esa situación también nos afecta a los cesarenses porque la impresión que se deja es que la ley no gobierna el comportamiento de la ciudadanía y los esfuerzos por organizar las cosas parecen verse frustrados.

Como si faltara poco, ha quedado en evidencia que ese corredor hacia la frontera y el mar de La Guajira se ha convertido en tránsito permanente de drogas. O era así, y hasta ahora ha quedado visible por la publicitada acción de los antinarcóticos, o, recientemente, se ha convertido en corredor ilegal por la vigilancia oficial en otros sitios, porque los cultivos en el Catatumbo siguen creciendo o el bloqueo por derrumbe en el suroccidente del país habría afectado la salida al exterior. Curioso.