Para garantizar el funcionamiento eficaz del Estado resulta esencial que los órganos de control efectúen una labor activa, rigurosa e independiente, sobre todo independiente. Así se puede neutralizar la descomposición institucional que tanta violencia, hambre y frustración ha provocado. No obstante, la Constitución Política de 1991 tiene unas fallas de nacimiento que no permiten que el sistema de pesos y contrapesos se desarrolle de una manera efectiva.

Por ejemplo, no deja de causar suspicacia y desconfianza que el Contralor sea elegido por el Congreso, el Procurador por el Senado, el Defensor del Pueblo por la Cámara y el Fiscal por la Corte Suprema de Justicia de una terna que envía el Presidente. Mejor dicho, la norma superior facilita la creación de un redondel de clientelismo, compadrazgos y protecciones recíprocas que desfiguran la vigilancia sobre la cosa pública. Claro, este sistema beneficia principalmente al Ejecutivo, ya que con el dinero y los puestos que maneja se impone ante los demás órganos del Estado, consigue que el Legislativo, el Judicial y las entidades de control agachen la cabeza ante su enorme poder.

La falta de imparcialidad y contundencia de los entes que ejercen funciones de control en el contexto nacional, hace que la ciudadanía pierda el respeto por las instituciones, por los funcionarios. En efecto, dentro de la esfera regional el asunto no cambia sino que más bien es un reflejo de la podredumbre que irrumpe al nivel central. Por ejemplo, el Contralor Departamental del Cesar, César Cerchiario de la Rosa, aunque fue seleccionado acorde con un proceso adelantado por la CUN, tiene una enorme tacha: fue Secretario General y Gobernador encargado en el gobierno de Luis Alberto y hace parte de la familia Monsalvo Gnecco, la misma que auspició la candidatura del Gobernador Franco Ovalle, cuya campaña tuvo como gerente al propio Cerchiario.

Por otra parte, el Personero de Valledupar, Alfonso Campo Martínez, luego de sostener un contrapunteo mediático y jurídico con Lorena Cabrera, aspirante al cargo que es muy cercana al alcalde Tuto Uhía, fue reelegido bajo las condiciones de un proceso de méritos que efectuó la Universidad Autónoma del Caribe. Lorena pretendía conseguir la Personería después de haber sido cofundadora de Avanzar es Posible, la plataforma electoral de Tuto, pero el Concejo (a regaña dientes) tuvo que elegir a Campo, quien tenía las mejores calificaciones. Por ser Campo de una corriente política distinta al alcalde, se esperaba que ejerciera una posición crítica, minuciosa y protagónica, pero hasta ahora su trabajo ha sido sigiloso, poco activo y quizás complaciente: ¿Será que en Valledupar todo anda de maravilla?

El caso de Álvaro Castilla Fragozo, hasta hace poco Contralor Municipal de Valledupar, resulta bastante particular. Castilla fue también cofundador de Avanzar es Posible, aportó 120 millones de pesos a la campaña de Tuto y obtuvo el menor puntaje de la lista de elegibles para Contralor, pero el Concejo (que hasta ahora se ha mostrado servicial con el alcalde) lo escogió de forma categórica. Sin embargo, el Consejo de Estado terminó anulando la elección porque los concejales violaron el orden de la lista de elegibles.

Por la manera como son escogidos, la sumisión que exponen ante el poder Ejecutivo y la falta de rigor en su trabajo, quienes ejercen las funciones de control en el contexto nacional y regional, más que limpiar la podredumbre que desmigaja al Estado, la blindan con su oportunismo y su desidia. Sí, se han transformado en unos celadores de la corrupción, se han clavado en un círculo de compadres que se cuidan las espaldas mientras acuchillan a las penurias de Colombia.