Por: Raúl Bermúdez Márquez

Apenas despuntaba la década del 80 cuando un grueso número de profesores y estudiantes de la Universidad Popular del Cesar -entre los cuales recuerdo a los docentes Oswaldo Ochoa Maestre y el fallecido Orlan Alberto Corzo Pitre,  y  a los estudiantes Miguel Arroyo (asesinado en 1989) y Carmen Alicia Rivera (hoy egresada del programa de Administración)-, decidimos enarbolar la bandera de la anexión de la UPC a la Universidad Nacional de Colombia para convertirnos en la seccional Caribe de la institución de educación superior más acreditada del país.
El razonamiento era simple: nuestra clase dirigente, con contadas excepciones, no había tomado en serio a la institución y simplemente la concebía como una “bolsa de empleos”, término que puso en boga la siempre recordada “Cacica vallenata”, Consuelo Araujo en un trabajo periodístico que hizo para EL ESPECTADOR, por esa misma época. El mecanismo propuesto no ofrecía dificultades: se trataba de aprovechar el artículo 2 de la Ley 34 de 1976 que creó la UPC, el cual establece que la estructura académica y administrativa de la institución sería la misma de la Universidad Nacional de Colombia.
Lo que se proponía era que el Consejo Superior a través de un Acuerdo reglamentario de ese artículo, determinara en conjunción con las instancias pertinentes de la Universidad Nacional, la fusión. El movimiento no cuajó, entre otras cosas, porque después del licenciado César Mendoza Hinojosa (q.e.p.d), el ex – presidente Turbay Ayala, encargó de la rectoría a Orlando Arias Rujana, un funcionario del ICFES, que en seis meses de permanencia en el cargo, cortó de tajo las relaciones estrechas que se mantenían entre la UPC y la Universidad Nacional.
Hoy el panorama ha cambiado, pero agravándose. Porque ya a la UPC no sólo se le concibe como bolsa de empleo, también se le considera una bolsa de contratos y un fortín electoral. Y no solo por vastos sectores de la clase política, sino también, – y esto es lo más lamentable-, por muchos de sus directivos, administrativos, profesores, egresados y estudiantes. La UPC requiere de un cambio drástico, pero quienes tienen la potestad de determinarlo no lo propician, porque eso significaría su autodestrucción. El clientelismo se retroalimenta, es parasitario y por tanto no le interesa suministrarle al enfermo la medicina que requiere. Y lo preocupante es que puede llegar el momento en el que el paciente no resista más y se desplome arrastrando tras de sí la ilusión de 15.000 jóvenes que alberga. Precisamente por eso, y porque a estas alturas retomar la bandera de la anexión sería como arar en el desierto, es que se necesita a gritos la sede Caribe de la Universidad Nacional.
Por lo menos, para que la UPC tenga un espejo donde mirarse. Para que por fin se tenga claro, que “no tiene sentido disertar en la universidad acerca de los comportamientos democráticos si no se ejerce en su seno una cultura democrática, ni estudiar tratados éticos si se gobierna con un sentido eminentemente utilitario y personal, ni hacer demostraciones sobre las exigencias de la empresa moderna para trabajar participativamente y en equipo si en la propia universidad se practica el individualismo y las decisiones autoritarias”, como decía Estanislao Zuleta. Necesitamos la Nacional porque el ejemplo externo cunde, cuando al interior escasea.
Por eso, señor gobernador Cristian Moreno, adelante con la idea de la sede Caribe de la Universidad Nacional en Valledupar o en su zona de influencia, a no desfallecer en el intento, porque si alguna institución saldría favorecida con su concreción, esa es precisamente la Universidad Popular del Cesar.
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