Han recibido con expectativa las víctimas, los territorios  afectados por la violencia,  los defensores de la paz e instituciones surgidas del proceso, como la Jurisdicción Especial para la Paz, la posesión del presidente demócrata Joe Biden. Representa un contraste frente a la política del saliente Donald Trump, que si bien no se opuso a la implementación de la paz, en la relación con Colombia impuso un enfoque de ‘narcotización’ y de aliado para provocar y bloquear al gobierno de Venezuela, convirtiéndonos en un peón del ajedrez de la geopolítica mundial en el  diferendo histórico de la superpotencia con China y Rusia.

Al final de su gobierno, al radicalizar y generar el miedo del castrochavismo, estrategia afín a la del partido  Centro Democrático, Trump acentuó el ataque, ya no tanto contra Venezuela (Trump se convenció de que sus expectativas con Guaidó se desinflaron), sino al diálogo adelantado entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Farc. Tildó a Obama y a su vicepresidente Biden de aliarse con Santos para hacer un pacto inconveniente  y  en el cual a su juicio se había cedido demasiado a los rebeldes. El gobierno Obama avaló los diálogos al punto de tener en La Habana al enviado especial Bernard Aronson.

Era evidente su intención electoral, en particular en el estado de Florida, que se proyectaba como un estado decisor en las elecciones presidenciales.  Su apuesta parece haberle funcionado pues ganó en ese estado, aunque perdió las generales. Ese discurso de Trump precipitó aquí el apoyo de dirigentes del partido de gobierno y se prevé que no habrá el mayor entusiasmo en la relación binacional. Deberá esperarse.

No se duda de que la cooperación que adelantará Estados Unidos apoyará una visión de implementación integral de los acuerdos de paz, incluyendo los aspectos de víctimas, la JEP, reforma  rural,  derechos humanos, protección de líderes sociales y de los reincorporados, además de la participación política del nuevo partido, aspectos a los que el gobierno Duque no le ha dado toda la prioridad, pues ha entendido fundamentalmente el proceso de implementación como desafíos públicos a la JEP, reincorporación exitosa de los excombatientes,  desarrollo en los municipios llamados PDET, por ser objeto de planes especiales elaborados con el concurso de la ciudadanía. Tarea en la que su consejero Emilio Archila ha desplegado un encomiable esfuerzo.

El movimiento Defendamos La Paz, constituido por negociadores del acuerdo y los sectores políticos amigos, ha dirigido una carta a Biden y a su vicepresidenta Kamala Harris, lamentándose de que “gran parte de lo pactado no se ha implementado, mientras que la puesta en obra de otros aspectos se está llevando a cabo con lentitud, pocos recursos, o incluso en medio de objeciones presidenciales, como es el caso del sistema para garantizar los derechos de las víctimas y la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. Por otra parte, nos preocupa que el último informe de la Misión de Paz de las Naciones Unidas reporta que, entre 2016 y 2020, han sido asesinados 248 excombatientes que estaban cumpliendo…”.