Hoy se extrañarán por leer en esta columna sobre un tema que no tiene que ver con nuestra música vallenata, pero la coyuntura electoral amerita este paréntesis.

Colombia era uno de los pocos países de América Latina que en la década de los 80 del siglo pasado, aún mantenía una fuerte centralización administrativa y política de sus entes territoriales, solo con el Acto Legislativo 01 de 1986 tímidamente se ingresa a la era de la descentralización efectiva, la cual vino a materializarse el segundo domingo de marzo de 1988 con la elección popular de los primeros alcaldes.

Celebramos con bombos y platillos la autonomía de los municipios para elegir a nuestras propias autoridades y no continuar recibiendo órdenes y nombramientos desde las capitales de los departamentos y estos a su vez desde la capital del país.

Han transcurrido 35 años desde cuando rompimos las ataduras de la “dedocracia” y nos aventuramos a una democracia participativa, aunque tímida, que prometía resolvernos muchos inconvenientes y sacarnos del ostracismo y yugo del centralismo asfixiante.

Aclaro, que soy un acérrimo defensor de la democracia participativa, sin embargo, hoy me encuentro muy dudoso de los efectos positivos que la elección popular de alcaldes haya dejado en los municipios pequeños del caribe colombiano. Algunos indicadores me causan esas dudas: Pobreza absoluta desbordante, necesidades básicas insatisfechas campeando, servicios públicos domiciliarios pésimos, en fin, atraso total.

Este domingo se elegirán nuevamente a los mandatarios locales para un periodo de cuatro años y la pregunta que muchos nos hacemos es: ¿estos gobernantes electos si van a invertir de mejor manera los escasos recursos que tienen los entes territoriales? La respuesta es no.

Al Congreso de la República y a nuestros gobernantes les quedó grande la regulación de los gastos de campaña y las medidas para controlar y castigar la corrupción previa a las elecciones y el contubernio entre financiadores y candidatos, está demostrado que los políticos no les tienen miedo a los delitos electorales, así como los delincuentes no le tienen miedo a que los lleven a la cárcel.

Si en municipios de sexta categoría de los departamentos del Cesar y La Guajira cualquier candidato a la alcaldía se gasta en campaña fácilmente más de dos mil millones de pesos, con la sola perspectiva de recuperar esa plata y multiplicarla para pagársela con rentabilidad a sus financiadores, ¿cuándo será que quedarán recursos en el presupuesto para cumplir los fines estatales consagrados en la constitución?

Ojalá este fin de semana las autoridades capturen a todo el que le prueben la compra de votos de cualquier manera y pongan a todos esos delincuentes a pagar penas ejemplarizantes para que no sigamos pensando que con la elección popular de alcaldes resultó peor el remedio que la enfermedad y a muchos colombianos no nos cruce por la mente el título de esta columna, pedir que regresemos a la época en que los alcaldes nos los imponían desde las capitales. 

COLOFÓN: El francés André Malraux dijo que: “No es que los pueblos tengan los gobiernos que se merecen, sino que la gente tiene los gobernantes que se les parece” Si seguimos pidiendo dinero o bienes a los candidatos antes de elegirse, cuando sean elegidos no tenemos moral, ni autoridad para pedirles que sean honestos y no sean corruptos. Dios bendiga a nuestros pueblos el domingo 29 de octubre, pero también nosotros pongamos algo de nuestra parte. 

Por: Jorge Nain Ruiz Ditta.