Nos unimos a las voces de rechazo a los constantes atentados violentos contra la línea férrea de la empresa Cerrejón, en el vecino departamento de La Guajira, situación que genera gran preocupación en la región.

El tema se torna delicado en razón a que en menos de tres meses se han presentado cinco ataques con explosivos al sistema férreo de Cerrejón, en cuyo último episodio, además de los daños materiales, resultó herida una persona que labora con la empresa Cerrejón.

Recogemos la incertidumbre de la comunidad del centro de La Guajira y nos identificamos con lo planteado en su línea editorial por el Diario El Norte, de Riohacha, cuando hace el interrogante sobre ¿quién ataca a Cerrejón? Y no se encuentra una respuesta lógica sobre los posibles autores de estos hechos violentos y tampoco motivos evidentes que permitan sacar algunas deducciones. Inquieta también que ningún grupo armado ilegal que opera en la zona se haya adjudicado tales acciones y, lo que es peor, que las autoridades no tengan suficiente claridad sobre sus orígenes o si la tienen que no se hubiesen entregado de manera oportuna informes a la opinión pública.

Independiente de las voces que pueda haber a favor o en contra de la actividad carbonífera, la proximidad con Valledupar de la operación minera de Cerrejón hace que mucha gente de esta ciudad y de todo su entorno geográfico participe laboralmente de una u otra manera, proceso que contribuye con las dinámicas económicas locales y regionales y por ende cualquier afectación al mismo de inmediato se siente en nuestra ciudad y sus habitantes.

De los 13.700 empleos directos que genera la explotación carbonífera de Cerrejón, un porcentaje significado de ese recurso humano y la contratación de algunas operaciones logística es de Valledupar y su zona de influencia.

Es por eso que todo aquello que impacte en el normal desarrollo de los procesos productivos que impulsan la economía local merece especial atención de todas las instancias responsables de garantizar el orden público y el bienestar de las comunidades.

Atentar contra empresas como Cerrejón constituye un golpe a la estabilidad económica de la región, representa además amenazas para la seguridad de las comunidades aledañas e implicaciones ambientales, sociales y de diversa índole, tales como la afectación de recursos que aporta significativamente la explotación carbonífera al Producto Interno Bruto, PIB, de Colombia y que le permite al departamento de La Guajira ejecutar obras y proyectos de gran alcance regional.

El uso de explosivos para dañar las vías férreas de Cerrejón dejan ver el poderío y la capacidad de acción de los grupos armados ilegales, eso debe mirarse como un problema mayor por parte de las autoridades tanto de La Guajira como del departamento del Cesar con el acompañamiento del Gobierno nacional, las que deben actuar de manera conjunta para recuperar la tranquilidad de nuestras comunidades.