EL PILÓN conoció que la Contraloría General de la República determinó un hallazgo con “posible incidencia fiscal” de $13.246 millones por la construcción en la primera fase de la Casa en el Aire. 

A esa conclusión llegó el órgano de control tras realizar una auditoría a esta obra ubicada en Valledupar, con motivo de una denuncia recibida en abril pasado. 

La queja ciudadana alegaba presunta “falta de calidad en los insumos, inexistencia de beneficio para la comunidad, falta de vigilancia y potencial exposición al daño”. 

POSIBLE DETRIMENTO 

La coordinadora general del Grupo de Vigilancia y Control Fiscal de Regalías, Victoria Eugenia Bolívar, explicó el proceso de la determinación. 

“El equipo auditor especializado en denuncias de la región Caribe hizo un análisis de este proyecto, encontrando sobrecostos, obra abandonada y otras incidencias que nos llevan a un posible detrimento patrimonial de 13 mil millones de pesos”, dijo la funcionaria. 

Este ‘parque’, inspirado en la composición musical de Rafael Escalona, contó con más de 12 mil millones de pesos financiados por el Sistema General de Regalías, SGR. El valor total estimado de  la inversión es de $14 mil 462 millones.  

EL HALLAZGO FISCAL

Un hallazgo fiscal es un hecho irregular que compromete la gestión de los recursos económicos, según fuentes de la Contraloría, por lo que se presume que el dinero fue contratado, ejecutado o desviado sin cumplir las leyes. 

“Se va a abrir el proceso de responsabilidad fiscal por dicho monto, esta obra tiene un impacto nacional, y ya seguirán los procesos correspondientes”, agregó Bolívar. 

La ‘Casa en el Aire’ fue una de las obras incluidas en el Plan de Desarrollo Municipal 2016 – 2019 ‘Valledupar Avanza’, que desarrolló la administración de Augusto Daniel Ramírez Uhía. 

Además del exalcalde, las posibles responsabilidades también involucran a  supervisores del contrato, contratistas de la obra e interventores. 

CASO FISCALÍA

Hay que recordar que la Fiscalía 12 seccional de Valledupar imputó delitos a Ramírez Uhía, así como al exsecretario General, José Lechuga, y al interventor Carlos Losada por apropiación y contrato sin cumplimiento de los requisitos legales en esta misma obra. 

Están involucrados los representantes legales del Consorcio Broes, Johana Patricia Vergara y Jorge Mario Peña Mattos, así como los exsecretarios Juan Pablo Morón y Jorge Maestre.