A la alerta que emitió la Misión de Observación Electoral –MOE- sobre los diez municipios colombianos donde hay mayor riesgo por trashumancia electoral, hay que prestarle atención en el departamento del Cesar que aparece en el informe de esta organización con tres poblaciones que a la fecha tienen una alta inscripción de cédulas.
Así como ya iniciaron las actividades políticas de precandidatos y candidatos ya avalados con miras a las elecciones del próximo mes de octubre, también deben comenzar las autoridades electorales su trabajo para evitar lamentaciones más adelante.

Este aumento desmedido de cédulas inscritas en los municipios de La Jagua de Ibirico, Becerril y Chiriguaná es un indicio de que ya se están preparando para las campañas políticas y no de una manera muy transparente. La trashumancia es uno de los delitos más comunes en época electoral, más cuando se escoge a los alcaldes, gobernadores, concejales y diputados porque es cuando se ‘juega’ por el poder local.
Según la Registraduría Nacional del Estado Civil, la trashumancia es “es la acción de inscribir la cédula para votar en un lugar distinto a aquél en el que se reside y constituye un delito contemplado en el Código Penal Colombiano bajo el nombre de fraude en inscripción de cédulas, delito que está tipificado como una conducta punible por el artículo 389, con pena de cuatro a nueve años de prisión”.

El informe de la MOE da cuenta de 93 municipios que tienen por lo menos el doble de la tasa promedio nacional de inscripción de cédulas, respecto a su población. Infortunadamente el Cesar aparece en esa lista, alerta que debe considerarse por la ciudadanía que finalmente será la más perjudicada si se presta para este delito.
EL PILÓN visitó estas poblaciones y encontró que los gobernantes justifican la alta inscripción a la población flotante que genera la actividad minera, porque curiosamente los tres municipios donde hay un aumento desproporcionado de cédulas inscritas, son del corredor minero del Cesar. Algo pasa allá y no es precisamente la fiebre democrática espontanea de los trabajadores de la minería ni de sus familiares.