El beneficio tendrá una vigencia de 10 años y beneficiará a las familias campesinas favorecidas con la titulación de predios.
La Asamblea del Cesar aprobó en plenaria el proyecto de ordenanza, presentado por la Gobernación, que otorga la exención del pago del impuesto de registro a los actos administrativos expedidos por la Agencia Nacional de Tierras (ANT). El beneficio tendrá una vigencia de 10 años y beneficiará a las familias campesinas favorecidas con la titulación de predios.
Esta exoneración abarca “el registro de los títulos, sentencias judiciales, resoluciones y escrituras públicas, a través de los cuales se formalice la propiedad rural o urbana, en ejecución del programa de formalización rural del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural o de los procedimientos de titulación, adjudicación, regularización, legalización y ordenamiento social de la propiedad que adelante la ANT, y por la Superintendencia de Notariado y Registro en el marco del programa de formalización de la propiedad privada rural y urbana”, se lee en la propuesta.
El proyecto aprobado se convertirá en la Ordenanza No. 287, la cual surtirá el trámite de sanción y publicación, y a partir de allí entrarán en vigencia los beneficios otorgados. Al respecto, Alexandra Pineda Ortiz, asesora de la dirección nacional de la ANT, manifestó: “Serán muchos los campesinos y comunidades étnicas que se van a beneficiar, y que contribuirá además esta apuesta, a impulsar el desarrollo y la producción del campo”.
El beneficio tendrá una vigencia de 10 años y beneficiará a las familias campesinas favorecidas con la titulación de predios.
La Asamblea del Cesar aprobó en plenaria el proyecto de ordenanza, presentado por la Gobernación, que otorga la exención del pago del impuesto de registro a los actos administrativos expedidos por la Agencia Nacional de Tierras (ANT). El beneficio tendrá una vigencia de 10 años y beneficiará a las familias campesinas favorecidas con la titulación de predios.
Esta exoneración abarca “el registro de los títulos, sentencias judiciales, resoluciones y escrituras públicas, a través de los cuales se formalice la propiedad rural o urbana, en ejecución del programa de formalización rural del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural o de los procedimientos de titulación, adjudicación, regularización, legalización y ordenamiento social de la propiedad que adelante la ANT, y por la Superintendencia de Notariado y Registro en el marco del programa de formalización de la propiedad privada rural y urbana”, se lee en la propuesta.
El proyecto aprobado se convertirá en la Ordenanza No. 287, la cual surtirá el trámite de sanción y publicación, y a partir de allí entrarán en vigencia los beneficios otorgados. Al respecto, Alexandra Pineda Ortiz, asesora de la dirección nacional de la ANT, manifestó: “Serán muchos los campesinos y comunidades étnicas que se van a beneficiar, y que contribuirá además esta apuesta, a impulsar el desarrollo y la producción del campo”.