Los grupos armados que arreciaron contra el municipio de Pelaya, causando abandono y despojo de tierras, fueron los responsables de convertir esta población en el segundo municipio del Cesar, después de El Copey, con mayor afectación por este flagelo.

Por lo anterior, la Unidad de Restitución de Tierras, dirección territorial Cesar- La Guajira, realizó en encuentro en esa población con víctimas del conflicto para que ampliaran su caso en una jornada de recolección de información comunitaria.

Funcionarios del área social y jurídica de la Unidad, elaboraron una línea de tiempo y la cartografía social, con el fin de reconstruir los hechos victimizantes de manera cronológica con la participación  activa de los asistentes.

De igual forma los funcionarios revisaron las actas de levantamiento de cadáveres que reposan en la inspección de Policía, con el fin de verificar las fechas y nombres de las personas asesinadas por los grupos ilegales que azotaron la zona.

Una de esas víctimas es Rómulo* de quien se reserva su identidad por seguridad, quien espera que el Estado, a través de la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, conozca el violento hecho que marcó su vida por causa del conflicto armado.

La historia que revela este humilde agricultor de 79 años, comenzó el 3 de marzo de 1997, en la vereda Seis de Mayo, de Pelaya. Las autodefensas que operaban en esta región bajo el mando de Juan Francisco Prada Márquez, más conocido como ‘Juancho Prada’, fueron los protagonistas de la barbarie que afectó a Rómulo*.

“Mi hija fue vilmente asesinada por este grupo armado cuando realizaba las compras en el pueblo.

Esta muerte fue injusta porque ella nunca tuvo problema alguno. La familia se desintegró por completo ya que nos tocó desplazarnos para que no hubieran más víctimas en la familia”, aseguró el labriego.

Con Rómulo*, asistieron a la jornada, solicitantes de las veredas Seis de Mayo, Carrizal, Santa Ana, Costilla, Raíces Altas y Bellacruz, todos pertenecientes al municipio de Pelaya, quienes sufrieron la violación de sus derechos.

Este ejercicio sirvió para ampliar la información suministrada por los familiares de las personas que perdieron la vida en las masacres ocurridas en la zona.

Por Redacción EL PILÓN