El 2022 empezó con impactantes hechos de violencia en el departamento del Cesar, bases militares en Aguachica y Chiriguaná fueron los objetivos como en aquellas épocas de intensa arremetidas de grupos al margen de la ley en los  80 y 90, es imperativo perseguir a quienes ordenaron y ejecutaron estos crímenes, el Cesar no puede repetir esa negra historia de atentados, masacres, desplazamiento y muerte; la manera como se desarrollaron estos hechos la semana anterior demuestra que existe un plan muy organizado con la finalidad de desestabilizar la región, ataques casi simultáneos al Ejército revelan el resurgimiento de grupos que no descansan en su propósito de provocar terror y someter al departamento.

Otro aspecto que se debe valorar es la conformación de escuadrones de la muerte que hoy se pasean por el departamento, evidentemente los integrantes de estas bandas son una nueva generación que optaron por las armas y decidieron enfrentar al Estado y la sociedad, lo que implica también que las causas que empujan a un joven a pertenecer a las guerrillas o grupos paramilitares siguen intactas, esas causas no han sido eliminadas y se convierten en la principal excusa para  cometer estos actos de barbarie.

Pero más allá de consignas sociales en la actualidad el factor que sostiene los grupos al margen de la ley es indiscutiblemente el narcotráfico, el Cesar es un corredor por el que se transporta la droga que sale desde el Catatumbo por las playas del Magdalena, La Guajira y la frontera con Venezuela, hoy con nuevos jugadores que dominan el mercado mundial de estas sustancias; los carteles mexicanos son los señores de la droga en Colombia, los traficantes colombianos pasaron de ser los que producen y venden a ser los guardianes de laboratorios y del transporte de los narcóticos, ese negocio mantiene vivo el tráfico de armas y a los grupos como los neoparamilitares, Eln y las disidencias de las Farc que están generando pavor en todo el país como ocurrió acá en el Cesar y en Caquetá días atrás.

Al norte también se están viviendo horas de zozobra, en Pueblo Bello se habla de la aparición de grupos que están obligando a excombatientes a regresar al “campo de batalla” y el rechazo a esta exigencia se convierte en una sentencia de muerte, siendo esta la teoría que manejan las autoridades de lo que pudo ocurrir con los dos agricultores asesinados en los corregimientos La Honda y Minas de Iracal.

El Cesar no puede repetir su trágico pasado, hemos sufrido demasiado y mucha sangre se ha derramado en nuestro territorio, como sociedad no podemos callar, el gobierno que termina su periodo debe reforzar la persecución de esos grupos sin distingo alguno y el gobierno que llegue tiene la obligación de diseñar un plan para proteger la vida de todos los colombianos y desarmar a los violentos.

Por Carlos Andrés Añez Maestre