La Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa archivó la investigación disciplinaria que adelantaba en contra del exalcalde de Valledupar, Augusto Ramírez Uhía, y el gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, señalados de realizar actos proselitistas ilegales en algunas invasiones de la ciudad en las elecciones del 2011.

El órgano de control consideró que los implicados no eran objetos de ser juzgados disciplinariamente porque los hechos sucedieron cuando eran candidatos políticos, más no servidores públicos. 

“Para ese entonces se encontraban en campaña electoral con el fin de lograr su elección y poder desempeñar, en consecuencia, los cargos de gobernador del Cesar y alcalde Valledupar, respectivamente. Lo que significa que para el momento de la celebración de tales compromisos, no eran servidores públicos y, por consiguiente, no son destinatarios de la ley disciplinaria, de conformidad con el artículo 25 de la Ley 734 de 2002”, reza el fallo del Ministerio Público. 

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No obstante, a los procesados también los habían señalados de presuntamente haber omitido cumplir sus funciones cuando llegaron a ser alcalde y gobernador, con el fin de cumplir aquellos compromisos adquiridos en campaña; a lo que la Procuraduría consideró que las acciones emprendidas se produjeron en el marco del cumplimiento de las decisiones de los jueces de tutela. 

“No se observa que los funcionarios involucrados hubieran omitido el cumplimiento de sus deberes con el propósito de cumplir los pactos tildados de irregulares por parte del quejoso, ya que como lo explicó la Corte Suprema de Justicia, los compromisos asumidos con los electores no pueden calificarse de ilegales al contener la obligación de cumplir decisiones judiciales y ser parte del contenido programático planteado por los candidatos posteriormente elegidos, para dar solución a una problemática social”, puntualizó el fallo. 

El proceso surgió por una queja interpuesta por Mauricio Pimienta Naranjo el 30 de junio de 2017, en la que denunció presuntas actividades ilegales de los mandatarios para no retirar a los invasores de algunos terrenos privados a cambio de que votaran por ellos.  

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Se trata de las invasiones Tierra Prometida, Los Guasimales, Altos de Pimiento y Bello Horizonte, donde según las declaraciones se encontraban ubicadas aproximadamente 800 familias, teniendo dos personas adultas cada una de estas en promedio aptas para votar. 

ANTECEDENTE 

Por estos mismos hechos, el gobernador del Cesar fue absuelto de toda responsabilidad por la Corte Suprema de Justicia, mientras que el exalcalde fue condenado en primera instancia y está a la espera de que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar resuelva un recurso de apelación que interpuso de la sentencia.