Ambos procedimientos se materializaron por solicitud de la Fiscalía 70 Especializada por el delito de origen y destinación ilícita de muebles o inmueble.
A través de un operativo realizado por la Sijín de la Policía Nacional se aplicó la extinción de dominio a dos predios ubicados en el municipio de Pailitas, centro del Cesar, que estaban al servicio del frente ‘Camilo Torres Restrepo’ del ELN.
El primer procedimiento se materializó en la finca La Esperanza, de 80 hectáreas, avaluada en $400.000.000.
“Fue adquirida por la organización y del mismo modo utilizada para planeación de actividades ilícitas. Se ordenó la ejecución de la acción de extinción de dominio consistente en la materialización de la medida cautelar y ocupación del bien inmueble”, indicó la Policía.
El otro inmueble ocupado fue una parcela de 20 hectáreas, valorado en $200.000.000, que también habría sido obtenido para la comisión de acciones ilícitas.
Ambos procedimientos se materializaron por solicitud de la Fiscalía 70 Especializada por el delito de origen y destinación ilícita de muebles o inmueble.
De igual modo, fueron dejados a disposición de la Sociedad de Activos Especiales, SAE, quien asumió la administración de los bienes a partir de la intervención.
Ambos procedimientos se materializaron por solicitud de la Fiscalía 70 Especializada por el delito de origen y destinación ilícita de muebles o inmueble.
A través de un operativo realizado por la Sijín de la Policía Nacional se aplicó la extinción de dominio a dos predios ubicados en el municipio de Pailitas, centro del Cesar, que estaban al servicio del frente ‘Camilo Torres Restrepo’ del ELN.
El primer procedimiento se materializó en la finca La Esperanza, de 80 hectáreas, avaluada en $400.000.000.
“Fue adquirida por la organización y del mismo modo utilizada para planeación de actividades ilícitas. Se ordenó la ejecución de la acción de extinción de dominio consistente en la materialización de la medida cautelar y ocupación del bien inmueble”, indicó la Policía.
El otro inmueble ocupado fue una parcela de 20 hectáreas, valorado en $200.000.000, que también habría sido obtenido para la comisión de acciones ilícitas.
Ambos procedimientos se materializaron por solicitud de la Fiscalía 70 Especializada por el delito de origen y destinación ilícita de muebles o inmueble.
De igual modo, fueron dejados a disposición de la Sociedad de Activos Especiales, SAE, quien asumió la administración de los bienes a partir de la intervención.