Con la excusa de no tener un techo digno para vivir, miles de personas ocuparon en los últimos años distintos predios privados en Valledupar y ocasionando el nacimiento de Enmanuel, Tierra Prometida, Los Guasimales, Brisas de La Popa, entre otras invasiones.

Eso generó que más de 10.000 personas, entre víctimas del conflicto armado y afectadas por otro tipo de situaciones, solicitaran ayuda al Gobierno para conseguir una vivienda digna. El 16 de abril de 2013, la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional conoció la acción de tutela interpuesta por Nelly María Carrillo y otros, contra Acción Social, el Departamento del Cesar y el Municipio de Valledupar, que pedía respetar los derechos a un grupo de invasores de un predio ubicado al noroccidente de esta capital, propiedad de Alberto Pimienta Cotes, quien había ganado una acción judicial que conminó a la Alcaldía de Valledupar y a la Gobernación del Cesar, a darle una solución esos problemas de vivienda.

La tutela fue instaurada por la falta del cumplimiento de la sentencia T-946 de 2011, que fue proferida por la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional en la que se resolvió: “ordenar al Alcalde de Valledupar que en el término de un mes, contado a partir de la notificación del presente auto, diseñe y remita a la Sala un plan específico en el que se indique las acciones y procedimientos que se adoptarán para reubicar y garantizar el derecho a la vivienda digna de las personas asentadas en el predio La Sabana I”.

Por ese asunto fueros investigados y llevados a las instancias judiciales, Luis Alberto Monsalvo, exgobernador del Cesar, y Fredys Socarrás Reales, exalcalde de Valledupar.

En vista de eso, el proceso sigue con los actuales mandatarios; Francisco Ovalle Angarita y Augusto Ramírez Uhía, quienes fueron citados por el Juzgado Civil Cuarto del Circuito de Valledupar a la audiencia de verificación y cumplimiento, que lleva el curso de la tutela T-946 en la que se pidió por parte de la Corte desalojar y reubicar las invasiones Los Guasimales, Altos de Pimienta y Bello Horizonte II.

En dicha audiencia, un representante de los invasores aseguró que el litigio parte desde las diferencias entre las administraciones municipales y departamentales, con el dueño de los terrenos que ocupan cerca de 90 hectáreas.
El asesor jurídico de la alcaldía, Rober Martínez Murgas, explicó que la sentencia también advierte determinar con un censo quiénes eran las personas protegidas constitucionalmente, entre ellos los desplazados.

“En la audiencia logramos con el juez iniciar unas mesas técnicas de trabajo para el cumplimiento del fallo”, dijo Martínez Murgas.

Se llegaron a una serie de conclusiones, como: reubicar a las personas incluidas dentro del censo (víctimas de la violencia), en unos lotes con servicios a las personas, que según compromiso pactado con el Juzgado Civil Cuarto del Circuito, serán adquiridos entre la Alcaldía de Valledupar y la Gobernación del Cesar. De igual manera, deberán realizar el desalojo completo el terreno.

El próximo 17 de julio se realizará la mesa técnica, en la que las partes demandadas tienen la obligación de mostrar el nuevo predio para la reubicación, así como el retiro de los ‘avivatos’ que no fueron incluidos en el censo previo hecho por las entidades amonestadas por la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional.

El próximo 17 de julio se realizará la mesa técnica, en la que las partes demandadas tienen la obligación de mostrar el nuevo predio para la reubicación de las tres invasiones.

Por Carlos Mario Jiménez
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