Cansados de ver convertido en un basurero y una guarida para quienes consumen sustancias alucinógenas se encuentran los habitantes del sector ubicado detrás del Mercado Público.
La calle 20B con carrera 11 del barrio La Granja, se ha convertido según sus habitantes en un basurero que al tiempo funciona como guarida para el consumo de sustancias alucinógenas y venta de las mismas.
En la actualidad, existe una entrada al predio por causa del derribamiento de parte del muro de cerramiento que colinda con la calle 20B, al lado del Pabellón del Pescado en el Mercado Público, lo que según los moradores ha facilitado el accionar del comercio y consumo de las sustancias, así como de los objetos que son hurtados en el sector.
El terreno que perteneció por años al antiguo Idema, ha sido objeto de ambiciosos proyectos que se han quedado en el papel o en el bolsillo de algunos mandatarios que han pasado por las arcas del municipio, así como sucedió con la Plaza de Vendedores Ambulantes, del que solo construyeron las columnas y que hoy se reconoce como uno de los ‘elefantes’ de la ciudad, obra en la que se invirtieron más de 3.000 millones de pesos y nunca se concretó .
Allí mismo, años más tarde fue anunciado con bombos y platillos por el ministro de vivienda de turno, German Vargas Lleras un proyecto que brindaría cerca de 550 soluciones de vivienda para los asalariados.
Y en la actualidad, se visiona la Policía Metropolitana, así lo anunciaron las autoridades.
Mientras que uno de estos proyectos se hace realidad, el lote funciona como basurero y guarida para quienes se refugian en los matorrales para comercializar e ingerir las sustancias alucinógenas; generando miedo e inseguridad y pérdidas económicas en los residentes y en quienes transitan por el sector.
“Las basuras llegaban a la mitad de la calle. Ayer vinieron camiones de interaseo, limpiaron todo eso, pero mire usted, apenas son las 10:00 de la mañana y acaban de descargar cinco tanques de basura”. Eso fue lo que expresó a este medio de comunicación Hugues Pimienta Morales, propietario de uno de los negocios más afectados con esta situación.
Según Pimienta, el panorama para ellos es desalentador. El comerciante asegura que las autoridades los tienen abandonados, “esta situación se viene presentando desde el gobierno del alcalde Rubén Carvajal cuando tiraron al suelo la paredilla que rodeaba el lote para permitir el paso a los camiones que construyeron la primera etapa de lo que sería la plaza de los vendedores ambulantes, pero no ha llegado un alcalde que logre levantar nuevamente esa pared”, acotó.
Los afectados han instaurado las denuncias ante los entes gubernamentales recibiendo solución a la limpieza del sector, que ha vuelta de dos días los carromuleros vuelven a invadir de basuras.
La problemática se acrecienta por la afectación que los olores nauseabundos que generan las basuras, y la sensación de inseguridad que reflejan los niños, jóvenes, hombres y mujeres que salen y entran en el predio, lo que ha alejado a los clientes que normalmente consumían los productos que ofrecen en el sector.
William Daza, quien lidera la asociación de vendedores de pescado Asoespez, también manifestó la afectación que esto les genera “los olores y los escombros de las podan que tiran allí taponando la vía, los indigentes esperan que estas se sequen y las prenden formando unos incendios que en más de una ocasión se le han salido de las manos. Hemos tenido personal a punto de asfixiarse”.
En busca de una solución a la quiebra que les ha generado la situación a los comerciantes, los mismos afectados han planteado posibles soluciones “desesperado le propuse al Alcalde la instalación de un parqueadero en ese terreno, con esto se acabaría todo esta problemática, desde la inseguridad, el problema ambiental que generan las basuras y a mejorar la movilidad del sector”, expresó el comerciante.
Tanto Daza como Pimienta Morales y demás habitantes esperan que los anuncios del alcalde Augusto Ramírez Uhía y el gobernador Francisco Ovalle de ser este lote la sede de la Policía Metropolitana, sean una realidad para acabar con el dolor de cabeza que esta situación les genera.
Mientras tanto hacen la solicitud de un caí móvil que les garantice la seguridad del sector, al tiempo de que los carromuleros dejen de usarlo como basurero.
Este medio de comunicación ya había hecho la denuncia de este lote en la que se dieron a conocer que cerca de $7.927.625.350 fueron destinados para Plaza de Vendedores Ambulantes de Valledupar, que nunca se construyó.
En el lote del Idema, como es conocido el terreno donde se llevaría a cabo la Plaza de Vendedores Ambulantes o Centro Comercial La Granja, solo quedaron vestigios de una obra que permitiría un mejor desarrollo urbanístico de la capital cesarense, con la recuperación del espacio público.
Como si fuera el sepulcro del enorme mamífero, en ese lugar se observa un gigantesco esqueleto. En medio de la maleza y la basura hay varias columnas en concreto con una estructura metálica superior de color blanco, sin cubierta y sin paredes, que cada día se deteriora con el óxido.
El proyecto
El alcalde de Valledupar, Rubén Carvajal Riveira, ejecutó el contrato que dejó estructurada Ciro Pupo Castro, para la primera etapa del proyecto para beneficiar a los vendedores ambulantes.
El siguiente mandatario, Luis Fabián Fernández Maestre, firmó el contrato 407 de 3 de agosto de 2011, para la construcción de la segunda etapa del proyecto para beneficiar a los vendedores ambulantes, por un valor de 4.771.934.422.
Dicho contrato estuvo suspendido, y además existió un control de advertencia por parte de la Contraloría Municipal de Valledupar, sobre las operaciones y procesos contractuales de la compraventa e hipoteca del lote.
En abril del 2015 El Consejo de Estado, acogiéndose al marco de la Ley 550 vigente en Valledupar, ordenó en sentencia la desafectación de embargo de este lote, que era propiedad del ministerio de Agricultura.
El predio de 22 hectáreas, estuvo embargado porque el municipio no pagó las cuotas pactadas con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, por eso no se podía desarrollar allí ningún tipo de proyecto.
La problemática se acrecienta por la afectación que los olores nauseabundos que generan las basuras, y la sensación de inseguridad que reflejan los niños, jóvenes, hombre y mujeres que salen y entran en el predio, lo que ha alejado a los clientes que normalmente consumían los productos que ofrecen en el sector.
Pie de foto
Hugues Pimienta Morales, es uno de los comerciantes afectados.
Cansados de ver convertido en un basurero y una guarida para quienes consumen sustancias alucinógenas se encuentran los habitantes del sector ubicado detrás del Mercado Público.
La calle 20B con carrera 11 del barrio La Granja, se ha convertido según sus habitantes en un basurero que al tiempo funciona como guarida para el consumo de sustancias alucinógenas y venta de las mismas.
En la actualidad, existe una entrada al predio por causa del derribamiento de parte del muro de cerramiento que colinda con la calle 20B, al lado del Pabellón del Pescado en el Mercado Público, lo que según los moradores ha facilitado el accionar del comercio y consumo de las sustancias, así como de los objetos que son hurtados en el sector.
El terreno que perteneció por años al antiguo Idema, ha sido objeto de ambiciosos proyectos que se han quedado en el papel o en el bolsillo de algunos mandatarios que han pasado por las arcas del municipio, así como sucedió con la Plaza de Vendedores Ambulantes, del que solo construyeron las columnas y que hoy se reconoce como uno de los ‘elefantes’ de la ciudad, obra en la que se invirtieron más de 3.000 millones de pesos y nunca se concretó .
Allí mismo, años más tarde fue anunciado con bombos y platillos por el ministro de vivienda de turno, German Vargas Lleras un proyecto que brindaría cerca de 550 soluciones de vivienda para los asalariados.
Y en la actualidad, se visiona la Policía Metropolitana, así lo anunciaron las autoridades.
Mientras que uno de estos proyectos se hace realidad, el lote funciona como basurero y guarida para quienes se refugian en los matorrales para comercializar e ingerir las sustancias alucinógenas; generando miedo e inseguridad y pérdidas económicas en los residentes y en quienes transitan por el sector.
“Las basuras llegaban a la mitad de la calle. Ayer vinieron camiones de interaseo, limpiaron todo eso, pero mire usted, apenas son las 10:00 de la mañana y acaban de descargar cinco tanques de basura”. Eso fue lo que expresó a este medio de comunicación Hugues Pimienta Morales, propietario de uno de los negocios más afectados con esta situación.
Según Pimienta, el panorama para ellos es desalentador. El comerciante asegura que las autoridades los tienen abandonados, “esta situación se viene presentando desde el gobierno del alcalde Rubén Carvajal cuando tiraron al suelo la paredilla que rodeaba el lote para permitir el paso a los camiones que construyeron la primera etapa de lo que sería la plaza de los vendedores ambulantes, pero no ha llegado un alcalde que logre levantar nuevamente esa pared”, acotó.
Los afectados han instaurado las denuncias ante los entes gubernamentales recibiendo solución a la limpieza del sector, que ha vuelta de dos días los carromuleros vuelven a invadir de basuras.
La problemática se acrecienta por la afectación que los olores nauseabundos que generan las basuras, y la sensación de inseguridad que reflejan los niños, jóvenes, hombres y mujeres que salen y entran en el predio, lo que ha alejado a los clientes que normalmente consumían los productos que ofrecen en el sector.
William Daza, quien lidera la asociación de vendedores de pescado Asoespez, también manifestó la afectación que esto les genera “los olores y los escombros de las podan que tiran allí taponando la vía, los indigentes esperan que estas se sequen y las prenden formando unos incendios que en más de una ocasión se le han salido de las manos. Hemos tenido personal a punto de asfixiarse”.
En busca de una solución a la quiebra que les ha generado la situación a los comerciantes, los mismos afectados han planteado posibles soluciones “desesperado le propuse al Alcalde la instalación de un parqueadero en ese terreno, con esto se acabaría todo esta problemática, desde la inseguridad, el problema ambiental que generan las basuras y a mejorar la movilidad del sector”, expresó el comerciante.
Tanto Daza como Pimienta Morales y demás habitantes esperan que los anuncios del alcalde Augusto Ramírez Uhía y el gobernador Francisco Ovalle de ser este lote la sede de la Policía Metropolitana, sean una realidad para acabar con el dolor de cabeza que esta situación les genera.
Mientras tanto hacen la solicitud de un caí móvil que les garantice la seguridad del sector, al tiempo de que los carromuleros dejen de usarlo como basurero.
Este medio de comunicación ya había hecho la denuncia de este lote en la que se dieron a conocer que cerca de $7.927.625.350 fueron destinados para Plaza de Vendedores Ambulantes de Valledupar, que nunca se construyó.
En el lote del Idema, como es conocido el terreno donde se llevaría a cabo la Plaza de Vendedores Ambulantes o Centro Comercial La Granja, solo quedaron vestigios de una obra que permitiría un mejor desarrollo urbanístico de la capital cesarense, con la recuperación del espacio público.
Como si fuera el sepulcro del enorme mamífero, en ese lugar se observa un gigantesco esqueleto. En medio de la maleza y la basura hay varias columnas en concreto con una estructura metálica superior de color blanco, sin cubierta y sin paredes, que cada día se deteriora con el óxido.
El proyecto
El alcalde de Valledupar, Rubén Carvajal Riveira, ejecutó el contrato que dejó estructurada Ciro Pupo Castro, para la primera etapa del proyecto para beneficiar a los vendedores ambulantes.
El siguiente mandatario, Luis Fabián Fernández Maestre, firmó el contrato 407 de 3 de agosto de 2011, para la construcción de la segunda etapa del proyecto para beneficiar a los vendedores ambulantes, por un valor de 4.771.934.422.
Dicho contrato estuvo suspendido, y además existió un control de advertencia por parte de la Contraloría Municipal de Valledupar, sobre las operaciones y procesos contractuales de la compraventa e hipoteca del lote.
En abril del 2015 El Consejo de Estado, acogiéndose al marco de la Ley 550 vigente en Valledupar, ordenó en sentencia la desafectación de embargo de este lote, que era propiedad del ministerio de Agricultura.
El predio de 22 hectáreas, estuvo embargado porque el municipio no pagó las cuotas pactadas con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, por eso no se podía desarrollar allí ningún tipo de proyecto.
La problemática se acrecienta por la afectación que los olores nauseabundos que generan las basuras, y la sensación de inseguridad que reflejan los niños, jóvenes, hombre y mujeres que salen y entran en el predio, lo que ha alejado a los clientes que normalmente consumían los productos que ofrecen en el sector.
Pie de foto
Hugues Pimienta Morales, es uno de los comerciantes afectados.