Los hechos demostraron la equivocación y ligereza en que incurrió el presidente Petro al lanzar el 16 de diciembre de 2022 en El Tarra, ante la Asamblea de organizaciones cocaleras del país, una “nueva política de sustitución” que permitió que los campesinos mantuvieran sus cultivos de coca en paralelo con otros cultivos, hasta que estos últimos les garantizaran sustento.
Con este anuncio, que recibió en ese instante aplausos y vítores, el actual gobierno terminó la tarea, iniciada por el gobierno de Duque, de echar por tierra y acabar con el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS– pactado en el punto 4º del Acuerdo de Paz de La Habana.
La idea de la “gradualidad” en la erradicación y sustitución de cultivos fue debatida en La Habana. Se consideró que mantener y consentir cultivos de coca mientras se busca su sustitución implica para el Estado permitir y tolerar la presencia en los territorios y “a sus anchas” de las redes armadas del narcotráfico comprando la coca, con sus negocios y accionar delincuencial, mientras ese mismo Estado y los campesinos intentan desarrollar otras nuevas producciones. Era claro que la erradicación voluntaria debía de ser “de un solo tajo y de raíz” y que la sustitución por otros cultivos tomaba tiempo, era progresiva y requería de más recursos y de mucho acompañamiento.
De otro lado la propuesta del presidente Petro de “industrializar” la coca para producir forrajes, perfumes, fertilizantes, dulces, medicamentos, fibras textiles, jabones, etc., rápidamente mostró ser ingenua, soñadora e inviable. Asimismo, produjo grandes e infundadas expectativas e ilusiones en los campesinos cultivadores y beneficios para los narcos que vieron crecer las áreas de siembra. Sobre el tema, un líder campesino dijo: “No están sembradas 250.000 hectáreas para hacer galletas”.
Estas decisiones estimularon dos fenómenos: el debilitamiento de la presencia estatal (incluida la fuerza pública) y la ampliación del control territorial y sobre las comunidades de los viejos y nuevos grupos armados ilegales. En la disputa por las crecientes rentas, derivadas de más y más cultivos de coca, de la minería ilegal y de la extorsión, se desataron múltiples conflictos y guerras intestinas entre estas agrupaciones. En el propósito de afianzar su control sobre territorios y las rentas montaron campañas de terror contra las comunidades, mediante amenazas, expulsiones, desplazamientos y asesinatos de líderes y lideresas sociales y de firmantes de la paz.
En diciembre 29 de 2023 en el municipio de Argelia, Cauca, un año después de la Asamblea mencionada realizada en El Tarra, el gobierno nacional hizo pública la puesta en marcha de un programa piloto de sustitución con café, plátano, maíz y frijol para el diseño de la “nueva política” de sustitución.
El 25 de octubre de 2024, a raíz de los crímenes cometidos en la región del río Micay, Cauca, que dieron lugar a la exclusión de las conversaciones de paz y del cese al fuego de una de las autodenominadas “disidencias de FARC”, el presidente Petro anunció que, en El Plateado, un corregimiento de Argelia, Cauca, se pondría en marcha la “nueva política” de gobierno consistente en la compra de la hoja de coca a los campesinos.
El pasado lunes 3 de marzo de 2025, bajo el marco legal de la Conmoción Interior decretada por el Gobierno para la región del Catatumbo en medio de un Consejo de Ministros televisado, el presidente Petro lanzó un “nuevo plan” para la erradicación voluntaria de 25.000 hectáreas en el municipio de Tibú, Norte de Santander, y para lo cual se realizará una inversión de $360.000 millones.
Este nuevo plan se asemeja en algunos aspectos al PNIS que puso en marcha en 2017 el Acuerdo de Paz durante el gobierno Santos, veamos:
Se habla de una erradicación voluntaria y de raíz de todas las matas de coca en cada predio de cada zona. Se anuncia un apoyo (pago) mensual y durante 12 meses de $1.200.000 por familia que erradique voluntariamente todos sus cultivos.
Después de la erradicación se iniciarían procesos de sustitución por otros cultivos.
Se relaciona el tema erradicación-sustitución con formalización de la tenencia y compra de tierra. Como lo señalan los Puntos 1 y 4 del Acuerdo de Paz.
Se anuncian inversiones en infraestructura vial, bienes y servicios públicos necesarias al desarrollo territorial. A la manera de los PDET.
Este nuevo plan introduce aspectos innovadores y necesarios, veamos: articula en tiempo y espacio la erradicación-sustitución con formalización de tenencia y compra de tierras; introduce una fórmula para la realización de la erradicación voluntaria y de sustitución en zonas de protección ambiental (Ley 2ª) y desarrolla una propuesta para usufructo familiar heredable de los predios.
Este nuevo plan omite aspectos definidos en el PNIS, a saber:
El PNIS se construyó a partir de acuerdos comunitarios regionales y fue concebido e implementado como un programa de alcance nacional. Duque desmanteló esta dinámica y alcance.
El PNIS incorporó a las familias campesinas que en los territorios afectados por cultivos de coca no los tuvieran. No hacerlo implicaba invitarlas a sembrar coca para poder ingresar al programa.
La ley definió para el PNIS los escenarios de planeación y de toma de decisiones participativa, mediante la creación y reglamentación de instancias nacionales, regionales y locales en las que intervinieron autoridades, firmantes de la paz y todas las organizaciones campesinas, organizaciones sociales sin exclusión, descalificación o estigmatización alguna.
El Plan Marco de Implementación del Acuerdo de Paz de La Habana, aprobado en 2017, definió los tiempos y recursos necesarios para la implementación del Acuerdo. Se previó que la erradicación y sustitución voluntarias de 180.000 hectáreas existentes, en todos los territorios afectados por cultivos de uso ilícito y que involucraba alrededor de 150.000 familias, tomaría entre 6 años de trabajo y que la inversión a realizar rondaba los $6 billones de pesos. Lo anterior sin contemplar los costos de la reforma agraria y ni las inversiones en bienes y servicios públicos en los territorios PDET que tomarían entre 10 y 16 años para su cabal ejecución.
Todas estas inversiones, incluido el PNIS, se programaron presupuestal y fiscalmente en el Marco Fiscal de Mediano Plazo que adoptó el Estado Colombiano en 2017 y 2018. En el Gobierno Santos al PNIS le fueron apropiados algo más de 1 billón de pesos para los períodos fiscales de agosto-diciembre 2017 y 2018.
El PNIS operó con Santos durante 14 meses desde su creación legal en junio de 2017 y hasta el 7 agosto de 2018 con llegada del gobierno Duque. En este corto período de tiempo el PNIS mediante la realización de 1.081 jordanas comunitarias llegó a 3.546 veredas de 55 municipios en 15 departamentos donde se concentraba el 70 % de la coca del país; suscribió, uno a uno, acuerdos colectivos que permitieron individualizar 97.084 familias campesinas y suscribir, hasta el último día de gobierno, acuerdos de erradicación y sustitución con 59.000 familias que erradicaron voluntariamente 46.000 hectáreas de coca.
Durante el gobierno Duque no ingresaron nuevas familias, el programa empezó a ser desmantelado, se abandonaron las instancias creadas para la planificación participativa y con ello los líderes de sustitución y las comunidades quedaron solos, los procesos colectivos fueron sustituidos por “robustos” estudios y asesorías de igualmente “robustos” consultores, el Plan Marco de Implementación del Acuerdo fue a dar a las estanterías y los recursos previstos para el desarrollo del PNIS fueron recortados.
Sabemos que la actual situación fiscal del país es difícil. Por ello no tiene explicación ni justificación alguna que el Ministerio de Hacienda, en noviembre de 2024, le haya quitado al programa de sustitución PNIS cerca de 1 billón de pesos que mantenían sin ejecutar desde 2022-23 en el fondo fiduciario Colombia en Paz.
No era necesario ponerse a inventar-improvisar en “nuevas políticas, planes y programas”, bastaba con hacer ajustes -que reversaran el desmantelamiento que del PNIS y del Acuerdo de Paz hicieron Duque y Emilio Archila- y que incorporaran las nuevas realidades.
Los 360.000 millones de pesos que mediante norma de la Conmoción se destinarán para erradicar voluntariamente 25.000 hectáreas, de las 52.000 que hay en el Catatumbo, son una cifra importante para un reto inmenso.
La clave de este reto está en que los campesinos y sus organizaciones se movilicen y se fortalezca la planeación, la toma de decisiones participativas y las instancias creadas por una ley de la República, bajo el nombre que les quieran dar. Para ello se requiere de amplitud de espíritu, generosidad y de no acudir a estigmatizaciones ni a temerarias.
PD: Mientras escribo estas líneas ocurren muy graves y desalentadores hechos en la región del río Micay, El Plateado en Argelia, Cauca, que ameritan una profunda reflexión y acuerdos entre todos.
Por Eduardo Díaz Uribe
