Llama la atención la denuncia pública que hizo el columnista Eduardo Santos Ortega Vergara esta semana sobre el manejo de unos recursos para la realización del Festival Étnico Intercultural’, en el que fueron invertidos $560 millones de pesos por parte de la Casa Municipal de la Cultura de Valledupar.

El columnista de marras cuestiona el proceso de contratación mediante el cual se ejecutaron los dineros en mención. “Lo primero en decir es que al consejo municipal de cultura nunca le fue puesto en consideración el proyecto y desde luego el valor de la inversión y sus detalles”, señala.

Exige, el columnista, que los entes de control realicen “una auditoría efectiva en cada componente, y se revise exhaustivamente, por ejemplo: el componente de recurso humano por $72 millones de pesos; el componente catering (bebidas y comidas) por $18 millones; servicio de alquiler de mobiliario por $79 millones y el componente 1: producción técnica y logística por $126 millones”.

Señala Ortega Vergara que el objeto del contrato es “con el fin de fortalecer las expresiones culturales del municipio de Valledupar”, pero que en realidad estos festivales “solo sirven para gastarse los recursos y llenar unos cuantos bolsillos”.

Como se puede observar, son denuncias y acusaciones muy delicadas frente al uso o manejo de los recursos públicos, los cuales, siempre se ha dicho, deben ser sagrados y estar al servicio del bien colectivo.

Es pertinente colegir que esta es la versión de nuestro columnista, de quien suponemos tendrá todos los soportes y pruebas suficientes para atreverse a manifestar públicamente todo lo que ha considerado “irregular” en el manejo de los recursos de la cultura en el municipio de Valledupar, pues de no ser así sería muy lamentable ante un asunto de interés general, máxime cuando estamos ante la Capital Mundial del Vallenato, donde la pureza de nuestras expresiones culturales es reconocida en todas las esferas del ámbito nacional e internacional.
Al tenor de la gravedad del asunto, quedan muchas inquietudes frente a lo denunciado, en especial porque se conoce, además, que la directora de la Casa Municipal de la Cultura de Valledupar, Alejandra Izquierdo, es considerada una digna representante de la comunidad arhuaca, quien se ha destacado por luchar en la defensa de los valores culturales de la región, con una hoja de vida hasta el momento intachable, cuya conducta ha sido bajo los parámetros de la seriedad y responsabilidad social.

Por todo ello, consideramos que es necesario, y una obligación institucional, que nuestra directora de cultura salga a dar las respectivas explicaciones del caso, bajo el precepto de que todo uso o manejo de recursos públicos amerita de igual manera cuentas públicas, sería ese el mejor mecanismo para acabar eventuales especulaciones y brindar así tranquilidad a la opinión pública sobre el accionar de una sectorial tan importante para el municipio de Valledupar.

De manera previa, en estas páginas apoyamos el Festival ‘Étnico Intercultural’ y desearíamos que se siguiera haciendo anualmente. Queremos pensar que todo lo allí denunciado debe estar legalmente justificado, eso es lo que se espera, pero de igual forma, también seremos rigurosos en exigir que los entes de control cumplan su función en caso de encontrarse hallazgos que así lo ameriten.