El gobernador del Cesar, Cristian Moreno Panezo, exigió respeto a la Asamblea Departamental y señaló que esta corporación es una instancia de control político y – por lo tanto- no puede ejercer funciones fiscales o disciplinarias o penales.
El mandatario se pronunció ante la negativa de la Duma para otorgar facultades a la administración, para la celebración de contratos y convenios, bajo el argumento de que el Departamento no hizo el debido uso de las anteriores facultades.
“Si hay reservas sobre cuál fue la conducta y la manera como el Gobierno utilizó facultades hacia atrás, lo que tienen es que ponerlas al conocimiento de los entes competentes, pero no sacrificar los derechos de la gente. En ese sentido lo que está en juego es la oportunidad y el derecho que tiene la ciudadanía de acceder a servicios públicos fundamentales. Lo que hace el Gobernador es cumplir responsabilidades funcionales, si lo hace bien o no, cada instancia competente debe evaluar y revisar la conducta que está en juego, pero no podemos los servidores públicos actuar más allá de lo que la ley y la Constitución nos permite”.
“Cada actuación de un funcionario público está reglamentada por la ley y no puede desbordar el ejercicio de las funciones so pretexto de analizar distinto a los que le corresponde”.
El Gobernador también hizo alusión al tiempo de estudio del proyecto de ordenanza presentado ante la Duma. “Después de dos meses de tener el proyecto de ordenanza bajo su estudio, la Asamblea tomó la decisión política de negar facultades para que se cumplan acciones del Plan de Desarrollo. Fueron dos meses para hacer un análisis alrededor de una facultad que es de trámite en el sentido de permitirle al gobierno cumplir con procesos contractuales”.
Moreno Panezo fue enfático en manifestar que “después de más de dos años no puede pervivir aquí una lectura de desinformación frente a la opinión pública y quiero muy respetuosamente señalar que es imperativo que la ciudadanía acceda a los derechos y a cosas tan elementales como la atención en salud a población vulnerable, los programas nutricionales, el compromiso de mantener las raciones alimentarias, en fin, toda la gestión de gobierno se ejecuta a través de contratos”, afirmó.
“Lo que se debe hacer en este sentido es que la Asamblea ejerza su control político y en lo que asuma que el Gobierno esté equivocado, se hagan las denuncias correspondientes ante los organismos que corresponden, pero hoy es fundamental por el bien de la sociedad, que la Corporación rectifique su posición y nos permita cumplir las responsabilidades y los cometidos que tenemos”, agregó.
El Mandatario dijo también que, “le he pedido a la Procuraduría que ejerza control preventivo porque aquí están en juego los derechos fundamentales de la sociedad, pero también los riesgos a que hoy  está expuesto el Departamento sobre la base de  contratos que después de haberse adelantado todo el trámite legal, hoy no se pueden protocolizar y esto genera sobrecostos y demandas que afectan el erario y que ponen en tela de juicio la responsabilidad fiscal no sólo del Gobernador, sino de todos los que somos corresponsables en esto”.
Finalmente, señaló que “aquí hay que tener la madurez suficiente para convivir en las diferencias y poner por encima de ellas los derechos fundamentales de la población. Nada tiene que ver, ni porqué entender, ni padecer el ciudadano en sus derechos, con las relaciones políticas de distintos actores. Yo llamo la atención de manera muy mesurada y muy responsable, a que esta circunstancia se supere y se facilite el proceso y la actuación administrativa y contractual para que el Cesar pueda mantener la vigencia de derechos”.