Durante los 45 días decretados de suspensión de desalojo en Chimichagua, Cesar, el Gobierno Nacional analizará si podría comprar los terrenos invadidos en ese municipio. 

Así lo explicó el personero municipal, Juan Daniel Parra, luego de participar de una mesa de diálogo del Ministerio del Interior, la Agencia de Restitución de Tierra, la Fuerza Pública, los habitantes y los dueños de los terrenos La Oficina y Pitalito.

“No quedó dentro del acta, pero fue lo que se analizó porque no se podía comprometer el ministerio con esa parte, pero sí se precisó entre las partes que van a analizar la compra de los predios”, dijo Parra. 

Las partes también pactaron materializar a corto plazo un puesto de mando unificado ‘por la vida’ con motivo de las amenazas que han tenido distintos líderes sociales, empresarios y funcionarios, entre esos el mismo personero. 

Además, este también serviría para responder a las alertas tempranas emitidas por la Defensoría sobre los municipios de Chimichagua y Tamalameque. 

“Han manifestado que si cumplido los 45 días no hay una solución del Gobierno nacional tendrían que materializar la medida que tomó el inspector central del proceso”, explicó Parra. 

Es decir, se tendría que materializar el desalojo de alrededor de 400 familias que están de manera ilegal en los predios.