Las noticias que han cubierto en los últimos dos meses los periodistas de Valledupar, relacionadas con restitución de tierras y víctimas, al parecer han sido los motivos por los que un grupo llamado ‘Grupo Anti-Restitución’ quieren callar la información, para ello la noche del pasado lunes, enviaron un panfleto a las sedes del periódico El Pilón y a la de la emisora Maravilla Stereo de Valledupar, por medio del cual amenazan a ocho periodistas de la capital cesarense, los declaran “objetivos militar” y les daban 24 horas para irse de la ciudad.

Esta amenaza contra la libertad de prensa surge una semana después de que medios locales publicaran una noticia relacionada con la denuncia de un líder de la vereda El Toco, de San Diego, en el norte de Cesar, quien indicó que había sido objeto de un atentado. “El presidente de la Asociación de Campesinos dijo ante los medios de comunicación que un hombre llegó a su casa para matarlo. El hecho ocurrió a las 8:30 p.m. del viernes en la calle 24 con  27, del barrio Líbano en Codazzi”, publicó en su edición del 28 de abril el periódico Al Día.

Los campesinos que se han atrevido a pedir la restitución de sus tierras han seguido siendo hostigados para que desistan en sus demandas. Una integrante de la Mesa de Desplazados de Valledupar denunció también en medios locales que el pasado 29 de abril también lo habían intimidado. “…A las 11:15 de la mañana de ayer, el mensajero de una floristería llegó a la casa de la mujer en la capital del Cesar, con unas hermosas flores y cuya carta decía: “Desde hoy y para siempre vivirás en nuestros corazones, Dios te ha llamado a su mansión eterna y descasarás para siempre”. El mensaje termina así: “Te acompañamos: familia Mesa”.

Los representantes de la Mesa Departamental de Víctimas también denunciaron que a través de un correo electrónico a nombre de supuestos comandos urbanos de la banda criminal ‘Los Rastrojos’, fueron declarados objetivos militares 20 reclamantes de tierra, algunos relacionados con la restitución de predios como la Hacienda Bella Cruz, El Toco, El Prado y Mechoacán.

Por estas noticias y otras más alrededor del tema de restitución de tierras, las autoridades presumen que este panfleto está asociado al cubrimiento periodístico que han realizado los periodistas, que en su totalidad cubren hechos de orden público y judiciales.

En el listado aparecen los nombres de los periodistas Katia Ospino, corresponsal de Noticias Uno;  Jaime José Daza de Maravilla Informa; la directora de noticias de RCN Radio, Herlency Isabel Gutiérrez; el corresponsal de Caracol Televisión y periodista judicial de El Pilón, Martín Mendoza; de igual forma Damaris Rojas, coordinadora de redacción del periódico Al Día y Renier Asprilla periodista judicial del mismo medio; Ubaldo Anaya, director del noticiero RPT Noticias del Canal Local 12 de Valledupar, y el periodista judicial del noticiero La Tribuna del Cesar de Radio Guatapurí, Óscar Arzuaga, quienes acudieron a la Fiscalía para instaurar una denuncia colectiva por amenaza.

Estos periodistas ayer se reunieron con el comandante de la Policía Cesar, coronel Juan Pablo Guerrero, y un grupo expertos en amenazas para tomar medidas de seguridad.

De acuerdo con las declaraciones del Coronel Guerrero, entre las medidas que se tomarán están las rondas policiales, estudios de riesgo de los periodistas y acompañamiento.

Los periodistas por su parte acudieron ante la Fiscalía General de la Nación para denunciar de manera colectiva la amenaza y dejaron constancia ante la Defensoría del Pueblo del Cesar.

Pronunciamiento FLIP

Ante esta delicada situación contra la libertad de prensa en el Cesar, la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP,  expidió una alerta manifiesta que junto Fecolper y Andiarios tuvieron reunión con el Ministerio del Interior, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Policía Nacional y de la Unidad Nacional de Protección (UNP), para analizar la situación de los periodistas. “Las instituciones y las organizaciones presentes le solicitaron a la UNP darle trámite de emergencia a esta amenaza y le hace un llamado a la Fiscalía General Nación para que investigue estos hechos y se judicialice a los responsables”.

Más pronunciamientos

Por su parte, el alcalde de Valledupar Fredys Socarrás Reales calificó el hecho como inaceptable, al tiempo que les hizo un llamado a las autoridades para que investiguen a fondo este caso e implementar los mecanismos de seguridad requeridos para la protección de los ocho comunicadores, con quienes se reunirá y les brindará el acompañamiento necesario.

El presidente del CPV. Aquiles Hernández Saurith tras repudiar el hecho señaló que le solicitó a las autoridades de investigar, indagar sobre el delicado caso, para que tomen las medidas correspondientes, luego del análisis del documento apócrifo, el cual ya se encuentra en poder de los investigadores.