Antes de que la Ley 715 del 2001 le diera vida al Sistema General de Participaciones, los municipios hacían los presupuestos de acuerdo a su participación en los Ingresos Corrientes de la nación, la mayoría de veces inflados o no colectados, por lo que en el segundo semestre del año comunicaban el recorte financiero, impactándose negativamente el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo, debido al aplazamiento o cancelación en la ejecución de programas y proyectos.

Esto ocurría en los municipios muy débiles en el recaudo de los ingresos propios, los cuales, por su naturaleza de libre destinación, podían ser utilizados para cubrir el déficit generado desde el nivel central o en los que carecían de otras fuentes de financiación, como la compensación económica que reservaba a los entes territoriales productores de minerales el incipiente sistema de regalías.   

La crisis económica que hace un año padecemos, relacionada con el confinamiento que intenta controlar el avance de la pandemia, ha hecho que el sistema de planificación local nuevamente esté desfinanciado y por ende haya aumentado el nivel de insatisfacción de las comunidades. Las críticas a los mandatarios no se han hecho esperar. Lo que obliga a los burgomaestres a transformarse de estáticos ejecutores de presupuestos a dinámicos gestores de soluciones. Hay que buscar los recursos.

Para ventura de ocho municipios en el departamento del Cesar, fueron clasificados entre los 170 más afectados por el conflicto armado, con mayores índices de pobreza, con presencia de economías ilícitas y debilidad institucional. Estos son los llamados municipios PDET, beneficiarios de Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, un instrumento especial de planificación y gestión a quince años, que tienen como objetivo estabilizar y transformar estos territorios.

Es decir que este selecto grupo, según los cálculos oficiales, tendrán para ellos solos 7 billones de pesos hasta el 2022, con los cuales cumplirán las iniciativas de las comunidades rurales, bajo la tutela de la Agencia de Renovación del Territorio-ART, liderada por Emilio Archila, tal vez el funcionario más exitoso del actual gobierno.   

Pero las ventanas que dejó el nuevo Sistema General de Regalías y por las que quiere entrar la politiquería y la corrupción, dicho de esta manera para no citar con nombre propio los intentos de extorsión que debieron sortear por estos días los alcaldes, ha amenazado la ilusión de las comunidades a manos del Departamento Nacional de Planeación, DNP, lastimosamente en cabeza de un cesarense; malogrando de paso la poca credibilidad que han venido generando con los anuncios estos alcaldes, en poblaciones que aparte del olvido oficial, solo las une el infranqueable dolor que dejó en sus corazones la violencia.

¿Qué pasó entonces? Al parecer querían convertir los recursos PDET en la caja menor del gobierno, desde la que manejarían los recursos económicos para tramitar ante el Congreso de la República el alargue del periodo presidencial. Afortunadamente el naufragio de la truculenta iniciativa coincidió con las declaraciones del consejero Archila, quien ya anunció que se mantienen las reglas de juego en cuanto a presentación, viabilización y aprobación de los proyectos, respetando los criterios consignados en las concertaciones comunitarias.

Ojalá todo salga como se ha anunciado y el clientelismo pierda el pulso frente al compromiso de este funcionario, porque de lo contrario no le quedaría alternativa diferente a la renuncia y perderían los municipios un bastión importante en el esfuerzo de sentir por fin la mano del Estado, liderando una verdadera estrategia para construir la paz. Así sea. Un abrazo.

Por Antonio María Araújo Calderón.