En Valledupar todos los asuntos atinentes al territorio gozan de altos niveles de sensibilidad, pese a la defraudación periódica, la gente sigue esperando mucho de sus dirigentes, no necesariamente por el mandato entregado mediante el voto, sino por la precariedad del nivel de los indicadores socioeconómicos. La gente quiere oportunidades y reclama esperanza. 

Esa aspiración subjetiva concibe la combinación de varios elementos, en las cuales hay responsabilidades precisas que recaen en los administradores del municipio, partiendo de la creencia de que entienden al territorio como un sistema en constante evolución. 

Con base en los estudios realizados por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, (CEPAL), la participación ciudadana en la gestión pública es un derecho que implica un proceso de construcción social de las políticas públicas. Proceso en comento como es habitual en esta parte del mundo está establecido en el ordenamiento jurídico con amplios articulados, sin embargo, pese al precepto o deber que la ciudadanía tiene en la participación de todas las etapas del ciclo de gestión de políticas públicas (Diseño y Formulación, Planificación, Ejecución, Seguimiento y Evaluación), aún no es una práctica extendida y consolidada. 

La participación ciudadana es una poderosa herramienta democrática para aumentar la rendición de cuentas y la transparencia. Los ciudadanos que participan en la implementación de proyectos públicos aumentan y mejoran su confianza en las políticas y los funcionarios públicos.  Al involucrar a los ciudadanos, los administradores públicos, aumentan su capacidad para gobernar de manera efectiva.

Desde el pasado 30 de abril del año en curso venció el contrato suscrito por la administración municipal con la Concesión de Alumbrado Público, que prestaba el servicio en la zona rural y urbana de Valledupar, desde el 2007. Con base en los procesos de empalme debemos intuir los ciudadanos veedores o no, que el alcalde Mello Castro y los diecinueve concejales del municipio estaban enterados de esta novedad. 

La intuición que es una habilidad para los ciudadanos, no puede tener la misma consideración para los que gobiernan el municipio con instrumentos legales, de planificación y con el conocimiento preciso de los términos contractuales. La terminación del contrato de Alumbrado Público debió tener atención de prioridad en el gobierno, en aras de evitar la oscuridad de las calles, el uso de acciones de campaña política y las suspicacias y penumbras sobre las facultades dadas por el concejo al alcalde. 

Es tarde la reacción de esta columna de opinión, incluso sucede lo mismo con los veedores, organismos de control y con los actores políticos. Sin embargo, no es de poca monta la morosidad del alcalde y del concejo en lo relacionado con la gestión de última hora, para mantener la continuidad de la prestación del servicio de alumbrado público en la ciudad, ni la omisión de la participación ciudadana mediante su acceso como elemento de democracia representativa que crea compromiso, cultura política y confianza.

La tercerización de los servicios públicos en Colombia, circundan en modalidades asociadas a los sobrecostos debido a las malas negociaciones que hacen las alcaldías a la hora de contratar el suministro de energía destinada al alumbrado público. Un año tendrá el gobierno municipal de Valledupar para suscribir el nuevo contrato. 

Desde esta tribuna estaremos vigilantes al proceso, pero también instamos los buenos oficios de la Superintendencia de Servicios Públicos, para que asuma la vigilancia y control de la calidad en la prestación del servicio y de la eficacia de las auditorías excepcionales de la Contraloría General de la República.