El país está preocupado, con razón, por el manejo de los recursos del Plan de Alimentación Escolar (PAE). La sola imagen de un niño o de un abuelo desnutrido nos conmueve.

En Colombia no hay una Política Integral de Estado sobre el tema alimentario. Somos uno de los países más atrasados en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en materia de nutrición. Se requiere una definición de responsabilidades dentro del Estado que impulse los mecanismos para que los alimentos lleguen a todos los estudiantes, mujeres embarazadas, población pobre y ancianos. Hay que garantizar una canasta familiar básica equilibrada.

Tenemos problemas de alimentación, incluso, quien lo creyera, en las zonas rurales. No existe una política integral y coherente que señale programas y recursos, tampoco existe una institucionalidad fuerte que lidere el Plan del Estado sobre este asunto. Colombia mantiene aún la enorme cifra de más de seis millones de desnutridos.

Los Planes de Alimentación Escolar, por ejemplo, fueron manejados 80 años directamente por la Nación, a través, del Ministerio de Educación y el ICBF. Esta responsabilidad se ha paseado por varias entidades nacionales. En las últimas dos décadas pasó al Bienestar Familiar y por problemas internos entre los dos organismos, regresó al Ministerio de Educación. Hace un año se envió esta función, por decreto, a las Entidades Territoriales, pero sin la financiación adecuada, lo cual según la Constitución no es posible.

Durante los 80 años de manejo Nacional no se construyó la infraestructura de comedores, cocinas, ni se preparó el equipo humano que hoy se exige a las entidades locales. Entonces, la falta de institucionalidad y de una política de Estado constante y permanente no permite un eficiente el servicio.

Otros países como Perú, México y Brasil han avanzado mucho más que Colombia en seguridad alimentaria. Ecuador, Panamá, Guatemala y Honduras también han mostrado avances significativos.

La seguridad alimentaria debe ser un objetivo primordial del sistema de educación. El acceso a una minuta equilibrada al igual que la permanencia y la calidad del sistema educativo deben hacer parte integral de las mediciones del Índice Sintético de Calidad Educativa, también del montaje de la jornada única.

Se habla mucho sobre los avances en educación, y nos comparamos con los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en materia de calidad educativa, y a fé que vamos mejorando, pero estamos rezagados en materia alimentaria. Sin ninguna duda debe ser nuestro plan fundamental.

En Colombia, el sagrado deber del Estado de garantizar la alimentación a los niños, adultos y tercera edad se enreda en una confusa maraña de normas, se caracteriza por falta de financiación y lo más notable es que no existe una estructura institucional que defina, con claridad, la responsabilidad. Además, razón tienen los que hoy denuncian malos manejos.

Necesitamos una Política de Estado que organice el Sistema Alimentario Nacional (SEN) con coherencia para evitar la desnutrición crónica de más de 300 mil niños en nuestro país. Debemos entender que más del 42 % de nuestra gente se acuesta diariamente con hambre. Recuperar un niño desnutrido vale más de $2 millones y aún tenemos más de 58 mil madres gestantes sin atender.

Nuestro problema nutricional no es únicamente en los programas de alimentación escolar. Es algo mucho más que eso, falta una Política Nacional Pública de Nutrición. Por eso, Caribe Sin Hambre trata de ser una solución regional sobre el tema.