El primer pecado es no entender que los violentos solo se desarman cuando concluyen que el costo de la violencia es mayor al de desmovilizarse.
Lo que de ninguna manera puede hacerse, segundo, es lo que este gobierno ha hecho con la Fuerza Pública: debilitarla, arrasar con sus mandos, disminuirle el presupuesto, generarle inseguridad jurídica y negarle apoyo a las unidades que lo necesitan bajo ataque de los violentos.

Darle ventajas estratégicas a los violentos, tercero, es mortal para “la paz”. Lo ha hecho Petro en varios campos. Resalto tres: renunciar a los bombardeos aéreos y desmantelar las estructuras de inteligencia, los dos factores compartidos que favorecen a las fuerzas armadas en comparación con los bandidos; el cese del fuego debe ser un punto de llegada y no de partida porque, por definición, hace imposible presionar militarmente a los violentos; finalmente, la política de Petro en materia de narcotráfico garantiza que los violentos no solo mantengan intactas sus fuentes de financiación sino que incrementen sus ingresos.

Aunque hoy no hay ningún grupo violento que no sea mafioso, cuarto, pretender tratar igual a los narcos puros y al Eln es un grave error. Ni son lo mismo ni la Constitución y la ley permiten tratarlos de la misma manera. Este punto vital requiere profundización en otra columna.

No aprender las lecciones del pasado es un quinto pecado. Colombia tiene una larga historia de negociaciones con violentos. De todas ellas hay lecciones y ninguna se está aplicando ahora. Destaco dos: es un error fatal celebrar acuerdos parciales de aplicación inmediata. Solo favorecen a los criminales sin que tengan que comprometerse a desmovilizarse. Y cualquier cese del fuego debe ser verificable y exige la localización delimitada de las cuadrillas de los violentos.

Sexto, abrir la agenda a negociar el modelo económico es contraproducente, antidemocrático y peligrosísimo. El debate sobre el modelo eterniza la discusión y revienta cualquier cronograma. Además, legitima el sofisma de que hay unas causas objetivas de la violencia sin cuya solución la paz es imposible. Simplificando, si se justifica la violencia porque hay pobreza y desigualdad tendremos violentos por centurias. Por otro lado, los violentos no tienen ninguna representativa popular y darles la capacidad de decidir sobre estas políticas atenta contra el papel del Congreso. Adicionalmente, como Petro recientemente ha criticado que las negociaciones con las Farc no hayan abordado el modelo económico y, en paralelo, está teniendo enormes dificultades para impulsar su agenda radical, el riesgo de que use la negociación con los elenos para conseguir ahí lo que no ha podido en el parlamento es mucho. Y es posible que por esa vía quiera abrir camino a una constituyente.

Por Rafael Nieto Loaiza